Jorge Serrano Limón nació en la Ciudad de México en 1953 y estudió Administración en la Universidad Latina.

Estudio la primaria en la Benito Juárez en la colonia Roma y en el colegio Fray Juan de Zumárraga de la colonia Del Valle.

Su padre fue Gustavo Serrano Mass, fue un abogado priísta que ocupó un puesto en la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Su madre, María Isabel Limón Oropeza, era originaria de Pachuca y era ama de casa.

Su padre murió de una peritonitis en 1971, cuando Jorge tenía 18 años. Es sobrino nieto de Ana Maass, conocida profesora de filosofía de la UNAM.

Desde la década de 1970 ha sido un activista antibortista. Fue tesorero de Provida desde 1978 y hasta 1987, cuando se convirtió en su presidente.

Se mantuvo en el cargo hasta principios de 2001. Provida tuvo como característica campañas muy agresivas contra el aborto, la anticoncepción y la censura de expresiones contrarias a los preceptos católicos.

Por ejemplo, en 1988 pidió cerrar una exposición en el Museo de Arte Moderno por considerarla “sacrílega”. Cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México intentó bloquear el acceso de las mujeres que querían realizarse un legrado en las clínicas los practicaban; también protestó frente a la ALDF donde le arrojaron tangas.

Provida es la organización con la que se encuentra fuertemente vinculado. El grupo fue fundado por el panista Jaime Aviña Zepeda, después fue dirigido luego por el también panista Alfonso Bravo Mier y posteriormente por Serrano Limón.

El grupo fue vinculado al clero católico y al Partido Acción Nacional (PAN). Con la llegada del panismo al poder, tanto el gobierno federal como los estatales otorgaron fondos para algunos de los proyectos de la asociación.

La PGR comenzó a investigar a Jorge Serrano Limón en junio de 2005, luego que Nacional Financiera, fiduciaria de la Lotería Nacional, presentó una denuncia contra él por un presunto desvío de fondos que le habían dado a Provida para comprar equipos de ultrasonido.

La asociación dirigida por Serrano había recibido 3 millones 495 mil pesos en 2003 para comprar equipamiento para nueve centros de atención a la mujer.

En las investigaciones salió a la luz que la empresa Imporvar, a la que supuestamente compró los equipos, era propiedad de trabajadores de Provida y entregaron facturas falsas.

Se demostró que se habían comprado artículos como plumas Montblanc e, incluso, tangas con los recursos en cuestión.

Un juez del Tribunal Penal giró en su contra orden de aprehensión por peculado y en 2009 fue condenado a 4 años de prisión y el pago de 2.5 millones de pesos.

Sin embargo, interpuso una serie de amparos que en 2012 logró en una segunda instancia que un Tribunal Unitario dictaminara que se derogara la sentencia, que se dictara sentencia favorable y se destruyera la ficha sinaléctica que le fue tomada.

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