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El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión otorgó ayer dos licencias a legisladores del PRI, quienes buscarán ser candidatos a gobernador de los estados de Zacatecas y Veracruz.
Dicha instancia legislativa aprobó ayer las solicitudes de licencia de los senadores del tricolor Alejandro Tello Cristerna y Héctor Yunes Landa, para ausentarse del cargo por tiempo indefinido.
Ambos legisladores contenderán por la candidatura a la gubernatura de sus estados natales: Alejandro Tello por Zacatecas; mientras que Yunes Landa lo hará por Veracruz.
De igual manera, la senadora Lilia Merodio Reza (PRI) se reincorporó a sus actividades, luego de que se aprobó su licencia en un intento por ser la abanderada del tricolor por la gubernatura de Chihuahua.
El pasado miércoles 13 de enero, la Comisión Permanente le otorgó la solicitud de licencia al senador Miguel Romo Medina (PRI) para separarse de su cargo por tiempo indefinido, pues buscaba contender por la candidatura de Aguascalientes.
El pasado 8 de noviembre, EL UNIVERSAL informó que de los 128 senadores, 28 ya se encontraban preparando maletas para participar en los procesos internos de sus partidos con la finalidad de obtener una candidatura a gobernador.
De los grupos, por el PRI se irían 13; por el PAN ocho; PRD, cuatro; PT, dos, y por el PVEM uno.
Van los independientes en Aguascalientes. Ayer, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declararon inconstitucionales e inaplicables los requisitos de 5% de firmas de apoyo para candidatos independientes a gobernador y no haber estado afiliado a ningún partido en los últimos 6 años, establecidos en el Código Electoral local.
También quedó sin vigencia el requisito para los abanderados sin partido, de no haber contenido en ningún procedimiento interno partidista dentro de los dos procesos anteriores, así como el que se hagan públicos los datos de los ciudadanos que firmen en apoyo a un aspirante a candidato independiente.
Los magistrados consideraron “irracionales” esas normas, atentatorias contra los derechos político-electorales y por tanto contra los derechos humanos.
La magistrada María del Carmen Alanís recordó que si bien existen reglas distintas de acuerdo con la entidad, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha validado la libertad de configuración normativa de cada estado, además de que ha considerado la constitucionalidad de 3% de las firmas de apoyo, no se ha pronunciado con respecto a 5%.
El margen de libertad al legislar, expuso el magistrado presidente, Constancio Carrasco Daza, se encuentra limitado, ya que en este caso se trata de un derecho humano y los congresos locales están obligados a garantizarlos.
Esa es la exigencia mínima al Congreso, porque se encuentra limitando derechos político-electorales. “Estas normas discriminan o rompen el principio de igualdad de estos ciudadanos para contender a un cargo de elección popular”, advirtió el presidente del TEPJF.
