Recomendaciones de CNDH no son llamado a misa: diputado

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El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el priísta Armando Luna Canales aseguró que los derechos humanos no son un asunto de moda, ni una dádiva o concesión, sino un tema que debe crecer más en la conciencia de los ciudadanos y autoridades, para que las recomendaciones de las comisiones nacional y estatales no sean “llamados a misa”, sino que se acaten.

El legislador comentó que el caso Ayotzinapa exhibió las carencias y rezagos inmensos que prevalecen en el país, así como los retos enormes que existen para “sacar al crimen organizado de sus vínculos con autoridades municipales”.

Esta enorme tragedia también externó los evidentes desafíos que hay todavía en materia de control de confianza y depuración de los cuerpos policiacos, además de las carencias del actual esquema para la investigación y búsqueda de personas desaparecidas”, expresó el priísta.

En entrevista, Luna Canales aseguró que el respeto a los derechos humanos en México “no es una utopía”, ante la violencia y los nexos del narcotráfico con autoridades municipales, y agregó que “es el faro que tiene que guiar todas las acciones de gobierno del Estado mexicano”.

Para garantizarlos, dijo, debe apostarse a más transparencia y rendición de cuentas, ingredientes que son el mejor remedio contra la corrupción e impunidad, y sobre todo promover que la sociedad participe y que sea vigilante de salvaguardar los derechos humanos en el país.

Dijo que la “oleada de violencia extrema que vivimos” y que se manifiesta en algunas regiones, producto de la delincuencia organizada, ha generado nuevos paradigmas, que obligan a responder de manera distinta, y para lo cual los derechos humanos son, sin duda, un referente muy útil.

Apuntó que hay avances firmes en el respeto pleno de los derechos humanos, pero reconoció que falta mucho todavía por hacer.

Se han hecho esfuerzos importantes, precisó, para compilar información fidedigna y actualizada de personas reportadas como desaparecidas, tanto por parte de la autoridad federal como de las procuradurías locales.

De ahí la importancia de perfeccionar las leyes existentes como los códigos penales para dar cabida en todos los órdenes legales a la reforma de derechos humanos. La Constitución, dijo el diputado, señala los mecanismos de sanción política para una autoridad que no acata una recomendación, obliga a los ciudadanos a acudir ante el Congreso del estado o al Poder Legislativo federal a explicar las razones de por qué no la acepta.