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carina.garcia@eluniversal.com.mx
El objetivo de la reforma electoral de dotar a los organismos de mayor autonomía y sustraerlos del control de gobiernos y partidos no se cumplió, concluyó la organización Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social).
Resultado de su proyecto de observación al Instituto Nacional Electoral (INE), a los Organismos Públicos Locales (OPL) y a los tribunales de Nuevo León, Campeche, Estado de México y Distrito Federal, la asociación estableció que quedó en evidencia que los organismos electorales carecen de debate, prevalecen en ellos las votaciones en bloque y las cuotas de partidos.
Los consejeros de los organismos electorales locales “siguen atados a los intereses de los partidos políticos que les apoyaron para ocupar el cargo y por tanto no hay garantía de objetividad e imparcialidad”, resolvió la asociación civil que encabeza Clara Jusidman.
Por tanto, hay un frágil apego a los principios que rigen la función electoral: objetividad, legalidad, independencia, imparcialidad, transparencia, máxima publicidad y certeza.
Además, los organismos electorales incumplen sus obligaciones en materia de transparencia: la mayoría de las solicitudes de información enviadas a los consejeros y tribunales no fueron atendidas de acuerdo con las cláusulas legales y los OPL, indicó la agrupación.
Por su parte, el INE entró a la fase final para la integración de los Organismos Públicos Locales de Coahuila y Nayarit, donde se elegirán gobernadores en 2016, con entrevistas y valoración curricular de aspirantes, entre los que destacan abiertos militantes y ex candidatos del PRI.
Sin embargo, como ha determinado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estar afiliado a un partido político no puede ser considerado un impedimento para ser consejero electoral, por lo que, a diferencia de pasados procesos de integración de OPL, los aspirantes reconocieron sus militancias.
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