Compromisos de México ante el cambio climático

A propósito del recientemente anunciado “Plan de Energía Limpia” por parte de la Administración de Barack Obama, es pertinente ubicar el contexto en el cual se encuentra nuestro país en materia de cambio climático.

Si bien es cierto que México ha estado a la vanguardia política en esta materia, al ser sede de la Conferencia de las Partes 16 (COP16) en Cancún, promoviendo un régimen internacional sobre el cambio climático —al actuar como mediador entre países desarrollados y en vías de desarrollo— y desarrollando una Ley General de Cambio Climático; la realidad es que, en la actualidad, México no tiene una estrategia nacional que sea congruente con los sucesos globales actuales.

Para muestra, basta ver la oportunidad desperdiciada por la reforma energética para abordar los diversos temas relacionados al cambio climático. Efectivamente, se hace hincapié en innumerables ocasiones sobre las bondades de las modificaciones legales al promover la energía renovable (aunque el proceso mediante el cual puedan participar ciudadanos de a pie sea desalentador). Sin embargo, tal perspectiva queda corta cuando se compara con la proyección de incremento en la exploración, producción y subsecuente consumo de hidrocarburos, a través de la participación del sector privado. Este desbalance se entiende al tomarse en cuenta la histórica dependencia del país al petróleo, al ser la base de las finanzas públicas (aun cuando haya habido una disminución de tal dependencia) y objeto de innumerables sentimientos entre la población.

El problema es que México ya no es el actor propositivo y relevante en materia de cambio climático que fue en años recientes; corriendo el peligro de quedar rezagado, con la posible consecuencia de perder el papel de mediador que buscó —y se forjó—.

Cuando por fin parece que las altas esferas del poder mundial empiezan a actuar sobre el tema (dependiendo de los compromisos que se adquieran en París durante la COP21 y del resultado de la próxima elección presidencial en Estados Unidos, aunado a posibles eventualidades en el comportamiento de China e India, por citar algunos), México cambia su postura.

De la meta aspiracional que se estableció en la Ley General de Cambio Climático, correspondiente a la reducción de un 30% de emisiones al 2020 con respecto a una línea base (y de 50% para el 2050 tomando como base el año 2000); México ahora presume con vehemencia, previo a la COP21, su compromiso voluntario de reducir sus emisiones en 25% para el 2030 con respecto a la línea base (o crecimiento tendencial de actividades productivas, urbanas y de servicios que las generan).

Esta disminución en los retos que México se plantea dista del papel que debe desempeñar como país impulsor de un cambio global, independientemente de su estatus en torno al desarrollo. No obstante, es pertinente apuntar que ambas propuestas se realizaron condicionadas a recibir apoyo financiero y tecnológico por parte de países desarrollados para llevar a cabo acciones de mitigación.

Ante estas posturas, es válido preguntarse hasta qué punto México está de verdad comprometido y, sobretodo, convencido de la estrategia que debe seguir tanto doméstica como internacionalmente. No basta con ser el primero de los países en vías de desarrollo que envíe sus propuestas de reducción de emisiones. Es necesario organizar trabajos con miras a cumplir estos compromisos, para que no se conviertan en palabras huecas que contribuyan al desgaste de la imagen y la gestión gubernamental. Los 160 municipios más vulnerables del territorio nacional, más los que se vayan acumulando por la inacción de las sociedades del mundo, así lo requieren.

Investigador del Instituto Mora.

gsosa@mora.edu.mx