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Los últimos cuatro gobernadores de Oaxaca concedieron beneficios y prestaciones salariales, tales como el pago de 120 días adicionales de sueldo a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que en 23 años provocaron un déficit de 7 mil 400 millones de pesos en las arcas del estado.

En diciembre de 2014, previo a que se integrara la nómina única nacional, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto entró al rescate de las finanzas de la entidad y realizó una aportación extraordinaria de 3 mil 250 millones de pesos para cubrir parcialmente el déficit total.

La administración del gobernador Gabino Cué dio dos mil millones de pesos más para cubrir ese faltante, por lo que, en este momento, el boquete en las finanzas de Oaxaca asciende a 2 mil 150 millones de pesos.

Durante las administraciones del ahora panista Diódoro Carrasco Altamirano, y de los priístas José Murat, Ulises Ruiz y el aliancista de Gabino Cué se otorgaron beneficios a la CNTE que “representaron una fuerte carga financiera a la educación” en los últimos 23 años.

Se trata, entre otros, de 120 días de pagos adicionales: 70 como retribución por la celebración del Día del Maestro, del inicio de clase y otros festejos o estímulos; y 50 días más como pago de aguinaldo por parte del gobierno federal, señala el diagnóstico para la Estrategia de Estabilización Integral del Sistema Educativo Oaxaqueño.

En ese mismo periodo, el control del instituto por parte de la CNTE permitió el crecimiento de la nómina en 46.5%, al pasar de 57 mil 170 personas a 83 mil 732 trabajadores.

El documento que sirvió de base para la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) establece que el déficit presupuestal provocado llevó a una negociación entre los gobiernos local y el de la República.

Las concesiones a la CNTE iniciaron con el acuerdo del 28 de octubre de 1992 entre el grupo y el gobierno encabezado entonces por Heladio Ramírez, en el que la dirigencia de la Coordinadora no sólo obtuvo el control del banco de plazas como “patrimonio de la Sección 22”, sino también la posibilidad de designar funcionarios en el IEEPO.

Ello permitió que “desde entonces detente el control de los procesos académicos y administrativos” y por ello, la herencia de las plazas docentes a sus familiares, que los egresados de las normales obtuvieran trabajo de forma automática y las promociones o ascensos también dependieran de la designación sindical; también se inició el proceso de negociación bajo presión a los gobiernos, para obtener beneficios.

La información a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL señala que las concesiones otorgadas por los siguientes cuatro gobernadores al magisterio oaxaqueño atendieron demandas político-sociales y laborales, sin que se advirtiera el impacto económico para la entidad en el tiempo. En parte, se argumenta, porque la Sección 22 constituye “la expresión más numerosa, organizada y combativa de la CNTE”, a diferencia de otras secciones.

Los gobernadores Diódoro Carrasco (40 días), José Murat (29 días) y Ulises Ruíz (1) decidieron respaldar con recursos estatales el pago de 70 días en bonos adicionales a la CNTE, mientras que el gobierno federal aprobó subir entre 1996 y 1997 a 50 días el estímulo adicional a los docentes.

En total son 120 días más, distribuidos en aguinaldo, bonos de desempeño y diversas prerrogativas que “hoy son catalogadas como obligaciones laborales”. A ello se agregaron los beneficios en especie como la donación en 2013 del inmueble que hasta 1993 albergó la representación del gobierno de Oaxaca en el Distrito Federal, conocida como Casa Oaxaca.

Además de la distribución anual de electrodomésticos y computadoras a los trabajadores, que se dio como apoyo a integrantes de la CNTE, que cuenta con 83 mil 732 agremiados.

El 1 de diciembre de 2010, el déficit presupuestal era de 2 mil 458 millones de pesos y observó un “acelerado crecimiento” como consecuencia de tres factores: por el pago de rezonificación económica salarial, producto de un acuerdo entre la CNTE y la Secretaría de Gobernación el 28 de octubre de 2006, que estableció que en un plazo de seis años los trabajadores tuvieran mejores ingresos, como en lugar de vida cara.

El segundo factor fue un cambio en el diseño de financiamiento de la educación básica, desde el gobierno federal, que impidió regularizar los incrementos salariales adicionales, lo que provocó que los casi 19 mil millones de pesos que se asignaban a Oaxaca cubrieran la nómina anual.

La estimación financiera establece que el presupuesto anual sólo cubría de enero a septiembre, por lo que para los últimos tres meses del año, el gobierno debía negociar con las secretarías de Hacienda y Educación Pública que se “anticiparan” recursos del siguiente año presupuestal.

El fin del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) en diciembre de 2014 impidió dar continuidad al esquema, de manera que el gobierno federal entró al rescate financiero con la aportación extraordinaria de los más de 3 mil millones de pesos.

A todo ello se agrega que la CNTE negoció para que se le reconocieran 6 mil 7 trabajadores contratados por honorarios entre 1992 y 2010, “al margen del acuerdo de negociación con la SEP”, y autorizados por el IEEPO “con sobrecarga al presupuesto estatal”.

En lo laboral, el control del instituto por parte de la CNTE provocó el crecimiento de la nómina magisterial en los últimos cuatro gobiernos, al pasar de 57 mil 170 maestros con Diódoro Carrasco a 69 mil 942 con José Murat. Con Ulises Ruíz la plantilla docente llegó a 75 mil 932 y con Gabino Cué alcanzó 83 mil 732 personas. Un crecimiento de 46.5% en la plantilla a pagar.

Según la revisión de los pliegos de demandas de la Coordinadora a la entidad, las peticiones salariales se redujeron de 49 como promedio anual entre 2004-2010 a 15 de 2010 a 2015.

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