Por una mayoría de cuatro contra tres votos, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) rechazó abrir una averiguación previa que la Procuraduría General de Justicia Militar inició por el caso Tlatlaya, en el que civiles fueron ejecutados por elementos del Ejército.

Sin embargo, el instituto redujo de 12 a dos años la reserva de información que dio la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues la dependencia dijo que se trata de un expediente judicial dentro de un juicio, que no ha causado estado.

La mayoría de los comisionados, entre ellos Francisco Javier Acuña, Ximena Puente, Patricia Kurczyn y Rosendoevgueni Monterrey, coincidieron que en este caso no es posible aplicar la excepción de reserva que prevé la apertura de información cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos, ya que la averiguación que está en manos de un juez versa exclusivamente sobre delitos del orden castrense [desobediencia].

El comisionado ponente Francisco Javier Acuña consideró procedente la clasificación de la información, en razón de que se corroboró que la averiguación previa solicitada forma parte de la causa penal número 338/14, radicada en el Juzgado Sexto Militar, por delitos del orden castrense.

La comisionada Areli Cano, quien votó en contra, cuestionó el hecho de que la Sedena no permitió el acceso a la averiguación previa o a la información clasificada.

El comisionado Joel Salas agregó que no votaría en favor del proyecto porque no se dispone de los elementos que permitan tener certeza de que en la averiguación previa solicitada no obren documentos en que constaten hechos de posibles violaciones graves a los derechos humanos, debido al impedimento de la Sedena. Óscar Guerra dijo que el INAI no tiene posibilidad de señalar si hubo violaciones graves a los derechos humanos porque no tuvo acceso a los expedientes.

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