En los últimos 15 meses la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha utilizado su poder no sólo para presionar a los gobiernos federal y estatales para fortalecerse, sino también para ejercer coerción en contra de sus agremiados a quienes condiciona los beneficios que reciben a cambio de apegarse a sus reglas y exigencias, y favorece a los que acatan órdenes y son leales.

Al hacer la revisión a los acuerdos que tomó la asamblea de la Sección 22 de Oaxaca de la CNTE se advierte que la dirigencia encabezada por Rubén Núñez Ginez estableció medidas de coerción en contra de sus afiliados e incluso aplica sanciones en contra de maestros que “traicionaron” el ideal de la organización o se niegan a participar en el principio táctico de lucha: movilización-negociación-movilización.

Se identifican al menos nueve tipos de actos de coerción de la dirigencia de la CNTE contra los maestros, como obstaculizar programas de mejoramiento de las escuelas, el uso político-sindical de los beneficios de los niños, condicionar derechos laborales a la asistencia a actos sindicales, prodigar amenazas a autoridades y profesores que quieren trabajar, pero que difieren sobre las acciones de la coordinadora.

Se suman también el rechazo a que los niños reciban tabletas electrónicas o contra la instalación de internet en las escuelas —programas que impulsan los gobiernos estatal y federal—, entre otros.

Esas medidas creadas al interior de la asamblea excluyen o seleccionan a discreción [sólo a quienes pertenecen a sus escuelas leales] a estudiantes entre un millón de ellos, para ser beneficiarios de programas como uniformes escolares, que reciban alimentación o más horas de clase, a través de las escuelas de jornada ampliada, de tiempo completo y escuelas de calidad.

Al expresar su rechazo a la reforma educativa, la CNTE en Oaxaca busca obstaculizar que a esa entidad lleguen programas impulsados por el presidente Enrique Peña Nieto, como el de la entrega de computadoras.

Las represalias se extienden a los jefes de departamento y directores generales, jefes de sectores, supervisores y directores de escuelas que apliquen las leyes secundarias de la reforma educativa, “desconociéndolos de su cargo en caso de que se compruebe su deslealtad”.

Los beneficios que se autorizan para la entidad tienen, en un momento, un uso político-sindical.

Así, por ejemplo, en la asamblea del 20 de marzo de 2013 se acordó que los uniformes escolares “se acompañen con el sello de las representaciones sectoriales y secretarios generales para evitar injerencias de la espuria”, esto es, que se lo atribuya la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Se castiga a aquellos que otorgan beneficios a niños que asisten a escuelas donde maestros de la Sección 59 imparten clases o en comunidades que no los apoyan, como lo ocurrido a Patricia Villanueva y Martha Cortés, en noviembre de 2013, cuando la CNTE declaró “su salida” por llevar uniformes a la comunidad de Santiago Apóstol.

Se condicionan los derechos laborales a la participación de marchas, plantones y mítines a cambio de la acumulación de puntos para obtener becas, préstamos, cambios, ascensos, contrataciones y recontrataciones.

Las atribuciones de la dirigencia llegan incluso a la modificación del calendario laboral para los docentes. Así lo notificó la dirigencia de Rubén Núñez el 18 de marzo de 2013, a través del boletín informativo dejó en claro que “aunque el calendario oficial marca días de asueto en beneficio de las empresas comerciales, los docentes de la Sección 22 se mantienen en actividades sindicales [marchas o mítines] para exigir la abrogación de las reformas a los artículos 3 y 73 constitucional que en la práctica abren las puertas a la privatización de la educación y las consecuencias recaerán en los bolsillos de los padres de familia”.

Para los 81 mil miembros afiliados a esa organización se imponen sanciones a quienes no asistan a las actividades organizadas de protesta.

En el terreno de la política, la CNTE aprobó el 8 de junio de 2015 sancionar a quienes desean ejercer su derecho a ser votados a cargos de elección popular. En esa asamblea se solicitó “que se investigue y realice una lista con los nombres de los que fueron candidatos a diputados federales y se dé a conocer en la asamblea estatal, para que se realice la investigación como lo mandatan nuestros principios rectores”.

Adicional, expresaron su rechazo a los profesores que participaron en el proceso electoral federal como candidatos de los partidos políticos, de aquellos que sólo realizaron labores de promoción del voto, representantes de casilla o que dieron albergue a la papelería electoral en sus domicilios.

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