Para el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Fernando Soto Baquero, el ingreso laboral en México “se ha mantenido estacionario” durante los últimos 20 años, por lo que las políticas públicas no han logrado reducir la pobreza en el campo ni tampoco mejorar las condiciones de los jornaleros agrícolas, entre ellas, acabar con el trabajo de los niños en el campo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el nuevo representante del organismo internacional en este país comentó que el mayor desafío para reducir la pobreza es el empleo digno y bien remunerado.

Sobre el trabajo infantil, dijo que se tiene que proteger a la niñez porque al introducirse al campo laboral se perjudica su desarrollo.

Destacó que el mejoramiento de las condiciones del campo es un reto que no sólo enfrenta México sino América Latina, por lo que instó a combinar la política social con la política productiva que reconozca las capacidades de la población en condiciones de pobreza.

Sobre el problema de los jornaleros en San Quintín, ¿qué opinión tiene y qué medidas pueden mejorar su situación?

—Una buena proporción de las familias del campo son jornaleros. Según datos del Coneval, el ingreso laboral en México se ha mantenido estacionario a lo largo de los últimos 20 años. Esto significa que el mercado laboral, que es la cadena de transmisión entre el crecimiento y la reducción de pobreza, no está funcionando todo lo bien que debería. Aquí hay un gran desafío, es decir, que un país puede crecer y el crecimiento es importante para reducir la pobreza, pero la cadena de transmisión que hace que el crecimiento se traduzca en una caída de la pobreza es el empleo.

Si los ingresos laborales se mantienen bajos, si la formalización de los empleos demora mucho, si no existen empleos decentes, sin la menor duda es uno de los principales escollos que tiene y que va a tener la reducción de la pobreza. En el campo, hay mucho que hacer todavía en América Latina y en México sobre el mejoramiento de las condiciones laborales. Requieren de empleos más formales, con seguridad social, con contratos, con cumplimiento de los salarios, que inclusive mejoren su productividad.

En cuanto al trabajo infantil, cada vez hay más niños en el campo. ¿Cómo pueden ser protegidos?

—El trabajo infantil lo que hace es que saca a los niños de las escuelas, interrumpe sus procesos educativos y perpetua el ciclo hereditario de la pobreza. Esa es una de las caras más indeseables del trabajo infantil, en muchos casos, es un fenómeno muy difícil de enfrentar porque son las propias familias que requieren del trabajo de los niños. Por ejemplo, en el hogar, en el campo, donde las mujeres y los niños generalmente realizan labores. Trabajan pero de manera no remunerada. Creo que además de la legislación que prohíbe el trabajo infantil y el deber que tienen nuestros estados de hacer cumplir las leyes de prohibición del trabajo infantil también los mercados cumplen un papel muy importante.

¿Cómo es el papel de México para enfrentar estos problemas de la seguridad alimentaria y la mala nutrición?

—A la FAO le corresponde la responsabilidad a nivel mundial de tener una medición sobre la malnutrición y específicamente de subalimentación. México tiene un indicador menor a 5%. Esto significa que México está en el grupo de países que han logrado cumplir el primer objetivo de desarrollo del milenio. México tiene una forma de medir la pobreza alimentaria y carencia alimentaria a nivel de hogar que es mucho más estricta que los indicadores de la FAO. México reconoce que tiene 23% de su población con carencia alimentaria.

¿Qué retos tiene México para enfrentar este problema de la pobreza alimentaria?

—El principal desafío es cómo llegar a estas personas que están en situación de pobreza extrema, porque aún la política pública no profundiza hasta el nivel de estos hogares. Hay que ir a buscar a estos hogares para poder contribuir a romper el círculo hereditario de la pobreza. Un segundo gran desafío que existe es el de combinar la política social con la política productiva o generadora de ingresos... El segmento de pequeños productores campesinos, que son cinco millones de unidades productivas, tiene un enorme potencial, cuando tienen acceso a políticas sociales desde el punto de vista de los derechos.

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