Cuando el hijo mayor del presidente estadounidense se reunió con una abogada rusa en busca de información comprometedora sobre Hillary Clinton, ¿violó la ley? ¿Podría ser demandado ante la justicia y acusado de traición?

Esto es lo que piensan algunos abogados sobre el caso, consultados por la agencia AFP.

Primero, aseguran que el elemento que más incrimina a Donald Trump Jr. proviene de los intercambios de correos electrónicos que él mismo publicó ayer en Twitter porque en ellos acepta el encuentro con entusiasmo sabiendo que la cita prometía aportarle “informaciones comprometedoras para Hillary y sus contactos con Rusia”.

Le prometieron “informaciones de muy alto nivel” que, según los correos, formaban parte del “apoyo del gobierno ruso a Trump”.

Brandon Garrett, profesor de Derecho de la Universidad de Virginia, explicó que la ley federal prohíbe, desde el escándalo Watergate, que cualquier extranjero contribuya o prometa contribuir directamente
o indirectamente en una elección estadounidense, ya se trate de una contribución en dinero o de “cualquier otra cosa de valor”, incluyendo “informaciones potenciales”.

El otro tema es que a este asunto se puede aplicar la noción de “conspiración” (un acuerdo entre dos o más personas para cometer un crimen), concepto que es “extremadamente amplio y poderoso” en el derecho federal estadounidense.

“No hay necesidad de haber cometido un crimen, con haberlo intentado alcanza”, explicó Garrett.

En este sentido, aunque Trump Jr. aseguró que la abogada rusa no tenía ninguna información interesante, “eso no podría constituir una defensa”. El solo hecho de haber asistido a la reunión para ver si la abogada tenía alguna cosa para transmitirle podría bastar para establecer que esa era la intención.

Susan Klein, profesora de Derecho de la Universidad de Texas y ferviente demócrata, no cree que el hijo del presidente pueda ser demandado “simplemente por haber hablado con personas”. Salvo “quizás si hubo un pago”, estimó. Por ahora nada sugiere ese escenario.

Daniel Tokaji, experto en Derecho de la Universidad de Ohio, considera que aunque la ley federal electoral no haya sido violada el hecho “merece una investigación” porque “es perturbador que alguien que actúa en nombre de una potencia extranjera colabore con personas al frente” de una campaña presidencial.

Lo más probable es que el fiscal especial a cargo del Rusiagate, Robert Mueller, decida si hay elementos para iniciar una demanda penal, consideró Tokaji.

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