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Brasil, el país con la economía más grande de Latinoamérica, vive un año de retroceso en sus indicadores que impacta en su vida social y está sumido en una prolongada crisis política de la que aún no ha podido salir. Todo indica que el gobierno del presidente interino Michel Temer se tornará oficial a fin de mes si, como se prevé, Dilma Rousseff es separada definitivamente del cargo del que fue suspendida el 12 de mayo pasado.
Rousseff transitaba su segundo mandato y heredaba los dos de Luiz Inácio Lula da Silva cuando fue acusada de manipular las cuentas públicas en su favor y aprobar gastos sin la autorización del Congreso, presuntamente para ocultar el déficit de 2014 y conseguir su reelección.
En 2015, un año signado por el aumento del desempleo, que hoy llega a una cifra alarmante de 9% de la fuerza laboral activa, la economía varió en negativo 3.8%. Fue el peor retroceso en los últimos 25 años. En 2016 el PIB del país ha caído 5.4% y ya son dos temporadas de recesión. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), desde el segundo trimestre de 2014 cada trimestre ha sido peor que el anterior. Si este año el resultado total también es decreciente, sería la primera vez, desde la década de 1930, en la que haya un periodo de dos años en negativo.
“Brasil está en una situación económica muy mala”, dijo a EL UNIVERSAL el sociólogo Brasilio Sallum Jr., profesor titular de la Universidad de Sao Paulo (USP) y autor del libro O impeachment de Fernando Collor (La destitución de Fernando Collor).
“El actual gobierno redujo la inestabilidad política, pero aún no tiene demasiada fuerza. Esta flaqueza es relativa, porque no hay duda de que el gobierno de Temer tiene más poder que el de Dilma, pero [la flaqueza] se da por su carácter provisorio y porque no hay una elección que lo respalde”, dijo. Para Sallum Jr. hay una crisis del sistema partidario que se manifiesta “en una debilidad muy grande de los partidos grandes y en una fragmentación de la representación”. En el Congreso hay 25 partidos y se hace difícil montar una coalición.
“La clase política brasileña está completamente desmoralizada”, explicó Leandro Uchoas, miembro del cuerpo técnico de la Asamblea Legislativa de la ciudad de Río de Janeiro y del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), de izquierda, a EL UNIVERSAL. “Las instituciones políticas, los gobernantes y los parlamentarios tienen un repudio popular pocas veces visto: ocurre algo parecido a lo que se vivió en Argentina a principios de siglo, cuando en las calles se cantaba: ‘Que se vayan todos’”, dijo.
Encuestas y analistas coinciden en que el problema mayor es el del PT, el Partido de los Trabajadores al que pertenecen Lula y Dilma. En las próximas elecciones, de 2018, muy probablemente disminuya su caudal de votos.
Pero hay una paradoja: en cuanto a las figuras políticas, según una encuesta de Datafolha, en 2018 Lula ganaría con 23% de los votos. El ex presidente lidera la intención de voto para las próximas elecciones presidenciales, probablemente porque durante sus dos gobiernos (2003-2007 y 2007-2011) fueron creados 15 millones de puestos de trabajo y se disminuyó la pobreza con el ingreso de 40 millones de personas a la clase media. La encuesta de Datafolha da cuenta del embrollo político que vive el país: uno de cada tres brasileños no sabe quién es el presidente.
Fue durante el segundo gobierno de Rousseff, que comenzó en enero de 2015, que los problemas de recesión y desempleo se hicieron abundantes. La crisis internacional tuvo sus consecuencias en Brasil y la política fiscal las empeoró: Rousseff suele explicar que la caída de los precios de las materias primas y la desaceleración de China impactan mucho en su país.
Además, desde finales de la década de 1990 y hasta hoy, atravesando por los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, Lula, Rousseff y Temer, Brasil utiliza tasas de intereses muy altas para atraer al capital financiero desvinculado de fines productivos. Las consecuencias se ven ahora, cuando 44% del presupuesto nacional se utiliza de uno
u otro modo en pagar esos intereses. “Los efectos de todo esto, actualmente, son dramáticos”, consideró Leandro Uchoas, de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, refiriéndose a la recesión y el desempleo. “Todos los indicadores económicos son desanimadores”, dijo.
Sin embargo, Rousseff ha dejado un país con algunos méritos. El más notorio es la lucha contra la corrupción. En 2013, impulsó una ley anticorrupción con penas severas. “Los partidarios de su separación intentan detener, con un gran acuerdo corporativo, la Operación Lava Jato”, dijo a este diario Tereza Campello, quien en el reciente gobierno de Dilma fue ministra de Desarrollo Social y Combate al Hambre. “La presidenta nunca intentó paralizar esas investigaciones”, afirmó.
De hecho, luego de la suspensión de Rousseff dos funcionarios de Temer fueron grabados hablando por teléfono y negociando cómo desviar esta gran investigación, que pone bajo la lupa a muchísimos políticos brasileños, incluyendo a Lula y al ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, una pieza fundamental en el impeachment. Pero no a Dilma.
Mentiras que cuestan
Quizá lo más sorprendente es cómo hizo Rousseff para perder todo su apoyo tan rápidamente. “En la disputa electoral, ocultó en demasía los problemas económicos del país y la situación de las cuentas públicas; venció por poco y luego dijo que cambiaría su política y tendría que hacer un ajuste fiscal fuerte: así, casi confesó que había sido elegida con mentiras”, explicó Sallum Jr.
Esa actitud le restó apoyo entre centrales sindicales y activistas de izquierda, y su principal aliado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), se dedicó a afirmar que se debía hacer algún ajuste fiscal y que la situación económica era muy mala.
Rousseff también empeoró sus relaciones con el Congreso. “Dilma hizo dos gobiernos de muy bajo desempeño, muy lejos de lo que había conseguido Lula”, consideró Uchoas.
Para Henrique Carneiro, analista político y profesor de Historia en la Universidad de Sao Paulo, “la forma del PT de hacer política se adaptó a los vicios inherentes al sistema político brasileño, tornándose idéntico a la de los partidos con los que formó una red de corrupción que ya había sido denunciada en 2005 y, a pesar de la prisión de importantes líderes petistas, siguió operando”.
El presidencialismo de coalición se mostró así como una forma gobernar sin concesiones populares, consideró Carneiro, pero sí “a los partidos fisiológicos y a los grandes grupos económicos”.
El Movimento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), el grupo social más activo del país, cree que era mejor seguir con el gobierno de Dilma. “Criticábamos a los gobiernos del PT porque no habían realizado las reformas populares y estructurales que el pueblo brasileño demandaba en las ciudades y en el campo”, dijo a EL UNIVERSAL Guilherme Boulos, coordinador nacional del MTST. “Pero a pesar de eso, el movimiento ha comprendido que ahora está en juego un retroceso histórico y brutal”: en el campo de la educación, el nuevo gobierno anunció que algunos cursos de la universidad pública no serán gratuitos. En el de la vivienda, recortó 11 mil construcciones del programa Mi Casa, Mi Vida.
Aunque a decir de los sectores liberales Temer ha puesto a los mejores hombres de los negocios, las corporaciones y los bancos al frente del manejo de las finanzas nacionales, es indiscutible que Temer es ahora el presidente que debe navegar en las aguas políticas más agitadas desde el regreso de la democracia a este país en 1985.
