Rearmado por Rusia, distanciado de Estados Unidos y cerrado a los observadores internacionales, el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, se podría parecer cada vez más a aquel régimen ditactorial que ayudaron a derrocar, de acuerdo con sus opositores.

Con el control de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Municipal y Electoral, además del ejército y de la policía, el tándem Ortega—Murillo ha sido señalado por comprar voluntades para tener una dócil oposición. Nicaragua conmemora hoy el 37 aniversario del derrocamiento, por las armas, de la dictadura dinástica de la familia Somoza, que gobernó de 1934 a 1979.

La guerrilla del ahora gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganó una guerra civil y el 19 de julio de 1979 instaló una revolución izquierdista “proCuba y antiWashington” que en 1990 dejó el poder por la vía electoral. Ortega retornó en 2007, se reeligió en 2011 y modificó la Constitución para hacerlo indefinidamente. “Es una ironía: Nicaragua recuerda la caída de una dictadura, sumida en otra”, dijo el diputado Eliseo Núñez, del opositor Partido Liberal Independiente (PLI). “Aquí no gobierna una persona, sino una familia. Las dinastías se quedaron en el ADN de la clase política de Nicaragua”, declaró.

El gobierno replica que hay un complot opositor para bloquear las políticas del FSLN. En junio pasado, Ortega cerró la puerta a que observadores extranjeros verifiquen la transparencia de los comicios de noviembre próximo. En Centroamérica aumenta la desconfianza por el gasto en rearme de Nicaragua.

El 19, diario digital del oficialismo, describió: “El único partido que responde a los intereses del pueblo es el Frente  Sandinista. Las elecciones de noviembre no harán más que dejar clara esa confianza”.

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