Argentina condena a empresario por crímenes en dictadura

Por primera vez, la Justicia argentina condenó hoy a un empresario por cometer, durante la última dictadura militar en el país suramericano (1976-1983), crímenes de lesa humanidad contra un empleado de su propia compañía, informaron fuentes judiciales.

Marcos Jacobo Levín, dueño de la empresa de transporte 'La veloz del norte', fue condenado hoy a 12 años de prisión por el tribunal oral en lo criminal federal de la norteña provincia argentina de Salta.

Para el tribunal, Levín fue partícipe necesario del secuestro y los tormentos aplicados en 1977 a un trabajador y delegado sindical de su empresa, según detalló hoy la página web Fiscales, sitio de la Procuración General de Argentina.

En el mismo juicio, también recibieron penas de 12 años el ex comisario Víctor Hugo Almirón y el ex subcomisario Víctor Hugo Bocos, quienes fueron considerados coautores de los crímenes contra el extrabajador de 'La veloz del norte', Víctor Manuel Cobos.

En el proceso se juzgaron los hechos sucedidos a partir del 22 de enero de 1977, cuando Cobos fue detenido mientras estaba por salir de viaje de servicio.

Según la investigación, un auto trasladó a la víctima a la comisaría de la que Almirón era titular, donde también estaban detenidos ilegalmente otros 20 trabajadores.

Allí, Cobos fue torturado a golpes, mientras los policías le demandaban que declarara que robaba boletos de viaje de la empresa de transporte en la que trabajaba.

Con una falsa causa penal por defraudación, la policía finalmente reconoció la detención de Cobos, pero el trabajador recuperó la libertad en abril de 1977, tras ser sobreseído.

Levín es el primer empresario condenado en Argentina por crímenes de lesa humanidad contra un empleado de su propia dependencia.

En 2012, los empresarios rurales Emilio y Julio Méndez fueron encontrados culpables de haber aportado una quinta de su propiedad para el secuestro y las torturas del abogado de los trabajadores de una cementera, quien luego fue asesinado.

En su alegato, la fiscalía consideró que Levín había reclamado la intervención de militares y policías en un conflicto gremial y que aportó a esas fuerzas información de inteligencia sobre los trabajadores, que permitieron conocer los lugares donde podían ser secuestrados.

También, sostuvo la fiscalía, Levín "aportó con recursos económicos y dádivas al personal policial para que reprimiera a los trabajadores".

El tribunal no difundió los fundamentos del fallo, que se darán a conocer el próximo 23 de mayo, pero consideró que los crímenes que sufrió Cobos son "pertenecientes a la categoría de lesa humanidad", por lo que también son considerados imprescriptibles.

afcl