Autoridades de la Unión Europea (UE) se reúnen hoy aquí con el primer ministro de Turquía, Ahmet Davutoglu, para cerrar el acuerdo con el que esperan frenar el flujo de migrantes clandestinos hacia las islas griegas.

El documento, negociado anoche entre los gobernantes de los Veintiocho, será presentado al líder turco por los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, además del primer ministro de Holanda, Mark Rutte, cuyo país ejerce la presidencia semestral de la UE.

Según una fuente diplomática, no se trata de un acuerdo propiamente dicho, sino de una “posición común” europea que servirá de base para las negociaciones con Davutoglu.

Los detalles del plan aún no han sido comunicados a la prensa, pero no se esperan grandes cambios con respecto al proyecto de declaración filtrado previamente a la cita de anoche.

Grecia devolvería a Turquía todas las personas llegadas ilegalmente a su territorio a las que considere migrantes económicos o candidatos al asilo que gozan ya de protección en el territorio turco.

El país debería reconocer a Turquía como “país tercero seguro” y reforzar sus capacidades jurídicas, a fin de procesar en cuestión de días cada pedido de asilo presentado en su suelo, antes de proceder a la expulsión del candidato.

Para cada refugiado sirio devuelto a Ankara, la UE reinstalaría en sus países otro sirio directamente de los campos de refugiados turcos, con prioridad para aquellos que nunca entraron o intentaron entrar ilegalmente en Grecia.

Queda por ver qué concesiones están dispuestos a ofrecer los Veintiocho a Ankara.

El gobierno turco ha exigido tres mil millones de euros adicionales en ayudas para los refugiados, la aceleración del fin de visados para sus ciudadanos que viajen a la UE y la apertura de nuevos capítulos de negociación en su proceso de adhesión a la mancomunidad.

De acuerdo con el proyecto de declaración, la UE se comprometería a atender a los pedidos, pero no inmediatamente y bajo ciertas condiciones.

En lo que va de año, más de 143 mil personas llegaron ilegalmente a Grecia desde las costas turcas y 44 mil se encuentran bloqueadas en el país por el cierre de las fronteras de los países de la ruta balcánica, empleada para llegar clandestinamente al norte de Europa.

Según las Naciones Unidas (ONU), 90 por ciento de esas personas son originarias de países en conflicto y, por lo tanto, deberían recibir protección internacional.

La ONU ha criticado el acuerdo negociado entre la UE y Turquía por considerar que infringe el derecho internacional.

jcra

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