Juez impide a mexicano dejar Honduras

El ambientalista mexicano Gustavo Castro, testigo del asesinato de la defensora hondureña de derechos humanos Berta Cáceres el pasado 3 de marzo, deberá seguir en Honduras por decisión de una jueza que rechazó un recurso de reposición para que Castro pueda regresar a su país.

Así lo denunciaron hoy Oscar Castro, hermano de Gustavo; familiares de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), en una rueda de prensa en Tegucigalpa.

El hermano de Gustavo Castro indicó que la jueza Victorina Flores, de La Esperanza (occidente), donde residía Berta Cáceres, no aceptó un recurso de reposición interpuesto contra la prohibición de salida del país del ambientalista mexicano, alegando que es testigo del asesinato de Cáceres.

El miércoles, Oscar Castro había dicho también en rueda de prensa en Tegucigalpa que confiaban en que la jueza suspendería la medida contra su hermano, vigente por 30 días, para que pudiera regresar a México, desde donde está dispuesto a seguir colaborando con las autoridades hondureñas para esclarecer el caso.

Gustavo Castro, quien era huésped de Berta Cáceres el día de su homicidio, resultó herido en ese incidente, aunque no de gravedad.

Su hermano Oscar reiteró hoy que Gustavo es "víctima, testigo y defensor de derechos humanos".

Según la misma denuncia, la jueza Victorina Flores también alega que Gustavo Castro, quien goza de la protección de la embajada de su país, "incumplió una citación", que según su hermano no recibió, relacionada con un incidente en el Aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, desde donde el ambientalista pretendía regresar a México.

La jueza "aduce que -Gustavo Castro- incurrió en el delito de desobediencia y que podría haber librado una orden de captura", añade el reclamo.

Además, la jueza resolvió la suspensión del proceso y del ejercicio de la profesión de la abogada Ivania Galeano, defensora de Gustavo Castro, por el término de quince días.

Esa medida no le corresponde a la jueza, señaló Oscar Castro, quien además teme que la jueza Flores esté predispuesta para dictar "responsabilidades penales" contra su hermano.

Castro, tres hijas de Berta Cáceres y el coordinador del Copinh, Tomás Gómez, fueron acompañados por varios dirigentes de organismos defensores de derechos humanos privados.

El director del Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT), Juan Almendárez, condenó el asesinato de Berta Cáceres y el sistema jurídico hondureño, del que dijo que "ha sido incapaz históricamente en Honduras de estar apegado a la verdad, a la justicia".

"Tenemos casi el ciento por ciento de impunidad en este país. ¿Cómo puede tener autoridad moral una jueza para suspender a la defensa de Gustavo Castro? Eso lo decimos como hondureños y no nos importa ninguna consecuencia", enfatizó Almendárez.

Agregó que Gustavo Castro es un ambientalista reconocido internacionalmente y que ahora "es una víctima de tortura psicológica y de la perversa crueldad del sistema jurídico de este país".

Berta Cáceres era coordinadora general del Copinh, defensora de derechos humanos y líder de la etnia lenca que vive en el occidente de Honduras.

Fue asesinada en la madrugada del 3 de marzo, pese a tener medidas cautelares y sus múltiples denuncias de que ella y su familia recibían con frecuencia amenazas de muerte.

El miércoles el Gobierno de Honduras reiteró su "compromiso de responsabilidad y seriedad en implementar todos los mecanismos de protección vigentes para contribuir en la búsqueda de la verdad" en el caso de Berta Cáceres.

En un comunicado, la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización indicó además que a petición del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, el 4 de marzo se solicitó el acompañamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Indicó además que también ha aplicado la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, verificando las medidas de protección para el defensor de Derechos Humanos Gustavo Castro.

El Gobierno hondureño dijo además que se ha dado acompañamiento permanente al proceso de protección de Castro, tanto en La Esperanza como en Tegucigalpa, permitiendo con eso la implementación de la medida cautelar de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

MÉXICO BRINDA PROTECCIÓN

A través de la cancillería de México se informó que el activista Gustavo Castro recibe a través de su embajada en Honduras, el apoyo y la protección consular a la que tiene derecho bajo la legislación mexicana y la Convención de Viena de Relaciones Consulares.

El gobierno mexicano confirmó que se están tomando “todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad del testigo”.

En un comunicado, se solicitó al gobierno de Honduras que se permita al activista retornar a México lo antes posible, pues se afirma que puede seguir colaborando con el proceso de investigación desde su país.

Se manifestó a confianza en las autoridades de Honduras para encontrar a los responsables del asesinato de Berta Cáceres y proteger al testigo en el proceso penal, con apego a los derechos humanos y protocolos internacionales aplicables.

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