El jurista español Baltasar Garzón, coordinador del equipo legal de Julian Assange, instó hoy a Suecia a anular la euroorden emitida contra su cliente, en cumplimiento del dictamen de la ONU que ha considerado "arbitraria" su detención de más de cinco años en Londres.


En declaraciones a Efe tras una rueda de prensa para analizar ese veredicto, Garzón sostuvo además que la posición de los Gobiernos británico y sueco, que lo han rechazado, demuestra "una clara persecución política".


"Si alguna duda había hasta ahora de que eso era así, a partir de la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU, que declara la detención arbitraria, ya no cabe duda de que se está protegiendo el interés subyacente del procedimiento judicial que se lleva a cabo contra Julian Assange y Wikileaks en Estados Unidos", declaró.


Según Garzón, "la prioridad ahora es que Suecia retire la orden europea de arresto" que pende sobre el fundador de WikiLeaks, pues la decisión de la ONU "la deja vacía de contenido".


Cuando se permita salir en libertad al informático, detenido en Londres en diciembre de 2010 y refugiado desde 2012 en la embajada de Ecuador para evitar su extradición a Suecia, "el procedimiento legal podría continuar".


Si, en cambio, se mantiene la orden de detenerle, en violación de sus derechos fundamentales, "se convierte en un caso de tortura y malos tratos", subrayó el jurista en la rueda de prensa.


Garzón explicó entonces que con el precedente jurídico de la ONU, que es 'opinio juris' o vinculante, "ningún tribunal de un país democrático" podría condenar ahora al informático, por lo que "no se debe esperar más para ponerle en libertad".


El exjuez confirmó que los abogados de Assange presentarán el dictamen del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria como prueba en el proceso judicial abierto en Suecia, con la esperanza de que éste quede desestimado.


El Grupo de la ONU pidió hoy a los Estados británico y sueco que "pongan fin a la privación de libertad" del fundador de WikiLeaks y reconozcan su derecho a reclamar una compensación, en un dictamen "jurídicamente vinculante".


Sin embargo, los gobiernos de Londres y Estocolmo argumentan que el veredicto "no cambia nada" ni afecta al proceso legal en curso e invitan a Assange a salir de la embajada y permitir su arresto.


Assange fue detenido en 2010 a petición de Suecia, que le reclama por delitos sexuales de los que no ha sido acusado, pero él rechaza esa entrega porque cree que Estocolmo lo enviará a Estados Unidos, donde se enfrentaría a la pena de muerte por las revelaciones de su portal.


Tras perder la batalla legal en Reino Unido, el exhacker se refugió el 19 de junio de 2012 en la embajada de Ecuador, país que le concedió asilo, pero Londres ha rechazado darle un salvoconducto diplomático para llegar a Quito y la Policía británica le vigila las 24 horas para detenerle si pone un pie en la calle.

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