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Madrid.—El Tribunal Constitucional español propinó ayer un nuevo golpe al proceso secesionista catalán, a menos de dos semanas para la celebración de elecciones en la región, al suspender de forma cautelar un artículo de la ley de la Agencia Tributaria catalana, a raíz de un recurso presentado por el Ejecutivo español.
La norma, reformada recientemente por el gobierno de Artur Mas para impulsar una Hacienda propia en la región, abría la puerta a los funcionarios del Estado español a integrarse en cuerpos de la administración catalana.
El gobierno español lo consideraba inconstitucional al entender que vulneraba el derecho de los españoles a la función pública en condiciones de igualdad.
La decisión del alto tribunal tiene lugar a menos de dos semanas de las elecciones catalanas del 27 de septiembre, concebidas por Mas como un plebiscito sobre la independencia de la región del noreste de España, y afecta a la Hacienda catalana, uno de los organismos clave del gobierno regional en su desafío soberanista.
Ésta entra dentro del plan de “crear estructuras de Estado” para Cataluña, tal y como lo denomina el gobierno catalán, en el que actualmente se trabaja con la vista puesta en una posible secesión.
El gobierno de Mas vio en la suspensión “una clara voluntad recentralizadora” y de “asfixia” por parte del Ejecutivo español, según dijo en rueda de prensa la “número dos” del Ejecutivo, Neus Munté.
La vicepresidenta catalana advirtió de que el proceso para dotar de más personal cualificado a la incipiente Hacienda catalana “no se bloqueará ni se interrumpirá”, aunque reconoció que la suspensión puede imponer “trabas” en la selección. La decisión del Constitucional supone la paralización de la ley durante cinco meses, mientras se resuelve el fondo del asunto.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, insistió ayer en que una hipotética salida de Cataluña de España supondría para los ciudadanos de la región “una pérdida de los derechos que tienen como europeos y como españoles”.
