Una de las principales consecuencias de la reforma laboral que fue publicada en el Diario Oficial el pasado 1 de mayo tiene que ver con la vida sindical en México. La nueva regulación va a producir un efecto sísmico muy profundo al interior de las organizaciones sindicales y en la relación entre los sindicatos y las empresas.

Para empezar porque la reforma (cumpliendo uno de los compromisos suscritos por México en el T-MEC), obliga a que en un plazo de 4 años se revisen todos, absolutamente todos, los contratos colectivos de trabajo vigentes. Para dicha revisión, ya regirán los requisitos establecidos en la reforma para que se consulte el nuevo contenido de los contratos con los trabajadores, quienes deberán aprobarlos mediante voto personal, libre y secreto. Es decir, los sindicatos y las empresas deben darse prisa para llevar a cabo la revisión, y los liderazgos sindicales verán cuestionado su poder, si es que los trabajadores no aprueban lo acordado con los representantes patronales. No es difícil imaginar los enormes problemas que se pueden generar.

Además, la reforma laboral deja claras las reglas en materia de transparencia sindical, siempre tan regateadas por muchos dirigentes (empezando por los líderes del sindicato de Pemex, que hasta han recurrido a varios juicios de amparo para negarse a entregar información sobre la forma en la que administran los recursos sindicales).

Todos los documentos del registro sindical, de las tomas de nota, los estatutos, las actas de asamblea y demás documentos deberán estar en internet, disponibles para ser consultados por cualquier persona. También será público el padrón de integrantes del sindicato. De todos esos documentos podrá pedir copia cualquier persona.

La nueva ley señala que será causa de cancelación del registro sindical la extorsión que sobre el patrón hagan los dirigentes, apoderados o representantes legales del sindicato, cuando exijan un pago en dinero o en especie para desistirse de un emplazamiento a huelga o sobre reclamaciones relativas al contrato colectivo de trabajo. En la práctica, los patrones tendrán dificultades para acreditar estas conductas, pero ya la ley puso una pistola cargada apuntando a los sindicatos. Ojalá estas nuevas disposiciones terminen o al menos disminuyan las actividades extorsivas de varios líderes sindicales que se han enriquecido a costa violar una y otra vez la ley, con total impunidad.

La reforma asegura una vida sindical más democrática, pues obliga a la celebración de procesos periódicos de renovación de las dirigencias, con mucha mayor transparencia y además con representación proporcional en razón de género. Se acabaron, al menos en el texto legal, las elecciones sindicales en lo oscurito y el machismo sindical.

A partir de las nuevas reglas legales, cualquier trabajador podrá pedir cuentas de la administración del patrimonio sindical. Las actas de asamblea en las que se rinda cuenta del manejo del dinero del sindicato (lo cual debe suceder cada seis meses) deben ser entregadas a cada integrante del sindicato en forma completa y debe existir una constancia de que fueron recibidas.

Durante décadas la vida sindical transcurrió bajo reglas que eran entendidas y “administradas” por todos, para beneficio de muchos líderes que se hicieron inmensamente ricos sin trabajar. Los ejemplos más conocidos están a la vista de cualquier persona. La reforma laboral del 2019 puede suponer una palanca de cambio para esas reglas y esos acuerdos que funcionaron, para bien o para mal, durante muchos años.

¿Qué resultado dará la nueva legislación? ¿en verdad podremos tener en México sindicatos más transparentes, con una vida interna democrática y que no se dediquen solamente a extorsionar a las empresas? Se antoja difícil, pero la mesa está puesta para que así sea.

Para lograrlo va a ser necesario que la futura autoridad laboral, que se va a llamar “Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical” haga un buen trabajo, que se integre por personas preparadas y que demuestre que la ley puede más que la fuerza.

En todo caso, lo que es claro es que la reforma laboral va a transformar el derecho del trabajo con profundidad. Ojalá en esos cambios podamos ver el acompañamiento de los abogados, de las barras y colegios en los que se agrupan, puesto que la reforma también va a exigir nuevas capacidades y un mucho mejor trabajo de los profesionales del derecho. Esperemos que así sea.

Investigador del IIJ-UNAM.
www.centrocarbonell.mx

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