Los abogados ausentes

Me consta que en los equipos de AMLO, Anaya y Meade hay muchos abogados y que algunos de ellos son de los mejores del país. Es sabido, también, que están lo suficientemente cerca de los candidatos como para poder influir en sus propuestas y en las plataformas de campaña de sus respectivas coaliciones partidistas. Es más, tanto Meade como Anaya son abogados ellos mismos.

Y, sin embargo, de manera un tanto sorpresiva, hasta ahora han estado ausentes del discurso de los candidatos las propuestas en torno al mejoramiento de la profesión jurídica y, más en general, sobre el Estado de derecho.

Tal parece que todo se reduce a una mágica fórmula según la cual basta con que un candidato llegue a ocupar la silla principal de Los Pinos (o de Palacio Nacional, según sea el caso) y con eso se logren arreglar los problemas del país.

Creo que esa visión simplona y voluntarista se va a topar con la dura pared de la realidad a partir del 1 de diciembre, y uno de los temas que lo van a poner en evidencia es el del Estado de derecho. Los más grandes problemas de los dos últimos sexenios se han producido precisamente en ese terreno, y vaya que les trajo dolores de cabeza a los presidentes Calderón y Peña Nieto.

El abanico de problemas del país es muy grande, pero la mayor parte de ellos se entrecruzan con cuestiones de abierta ilegalidad, falta de aplicación de las normas jurídicas, corrupción estructural, falta de presencia territorial del Estado, escasa capacidad de reacción, nulo u obsoleto equipamiento de policías y ministerios públicos y un larguísimo etcétera.

Por otro lado, en un lugar muy cercano a esa problemática está el hecho de que los abogados que juegan el papel de aplicadores de las normas (desde la función judicial o siendo defensores, desde las notarías o como fiscales, desde la asesoría a los congresos hasta el auxilio jurídico para las empresas) no siempre están preparados para hacer lo que se espera que hagan. Son muchos los diagnósticos que apuntan hacia la necesidad de revisar la manera en que se forman, capacitan, actualizan y ejercen su profesión los abogados, pues sin ellos no hay ni puede haber Estado de derecho.

Pese a la relevancia que debería tener la abogacía para poder comenzar a resolver los problemas del país, no se ha escuchado a ningún candidato decir algo sobre la colegiación o la certificación de los abogados. Tampoco se les han escuchado propuestas de fondo para mejorar la impartición de justicia: no sabemos qué piensan o qué diagnóstico tienen de los consejos de la judicatura, del funcionamiento de los tribunales federales o de los requerimientos presupuestales que van a derivar de la nueva justicia en materia laboral cuya creación está pendiente.

De la misma forma, no sabemos qué piensan hacer con las fiscalías del país y particularmente con el organismo que funcionará una vez que desaparezca la Procuraduría General de la República (PGR). Algo han dicho sobre la necesidad de que su titular tenga autonomía y que no sea nombrado un “cuate” del Presidente en turno, pero eso no arregla mucho. Hace falta entrarle en serio a la falta de capacidades institucionales y la casi nula eficacia en el combate al crimen, sobre todo cuando se trata de delitos con cierto grado de sofisticación (como delitos financieros y fiscales, en los que casi no tenemos sentencias condenatorias en todo el país).

Es normal que los discursos de campaña se refieran a los temas que pueden atraer un mayor número de votos (como el combate a la pobreza, el crecimiento económico o el aumento de los salarios), pero no debemos ser tan ingenuos para creer que de esa forma se puede sacar adelante al país. Necesitamos ir de lleno a los detalles, exigir diagnósticos rigurosos que nos muestren propuestas viables y que se hagan cargo del tamaño de los problemas. Hay entidades federativas enteras (incluyendo muchos municipios) en donde no gobiernan las autoridades formales, sino el crimen organizado. Ese desafío no se va a resolver repartiendo abrazos, sino imponiendo la fuerza del Estado con base en la legalidad.

Y para ello se requieren abogados bien preparados, listos para servir al país y asegurar que, sin importar quién llegue al gobierno, la legalidad sea la estrategia fundamental que nos guíe como país. Espero que no sea mucho pedir.

Investigador del IIJ-UNAM
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