15 | OCT | 2019

Vecinos presentan denuncia contra edil con licencia de Tlalne

09/12/2015
18:14
Juan Manuel Barrera
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Los colonos aseguran que Pablo Basáñez García compró un terreno con recursos de procedencia ilícita, por lo que presentaron un escrito dirigido a Arely Gómez, titular de la PGR

Habitantes de este municipio presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del alcalde con licencia y actual diputado federal Pablo Basáñez García; piden que sea investigado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

José Luis Cortés Trejo, y otros pobladores de Tlalnepantla, presentaron un escrito ante la PGR, dirigido a la titular de la dependencia, Arely Gómez González, en el que plantean indagar la adquisición de Basáñez García de un predio en Rancho San Juan, en la Zona Esmeralda de Atizapán, donde actualmente el servidor público construye una vivienda.

“Venimos a hacer formal denuncia de hechos que pudiesen ser constitutivos de los delitos de encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, etcétera”, dice el escrito presentado por los colonos.

La denuncia es contra Basáñez García y su esposa Verónica Liliana Rocha Vélez, presidenta del DIF de Tlalnepantla; Francisco Núñez Escudero, director del Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM) de agua potable; Fernando Ávila García, director de Desarrollo Urbano, y Alfredo Alejandro Noriega Vaca, asesor del ayuntamiento y cuñado de Basáñez García.

El escrito enlista seis hechos que presuntamente pueden constituir delitos, entre ellos la compra de un predio en el 2013 por parte de Basáñez García y Rocha Vélez en Rancho San Juan, en la Zona Esmeralda de Atizapán, con costo de dos millones 863 mil 813.40 pesos, donde actualmente se construye una vivienda.

El documento detalla que durante la gestión de Basáñez García como presidente municipal, del 1 de enero del 2013 a los primeros días de enero del 2015, fue desmantelada la policía municipal, lo que se tradujo en el incremento de delitos en la localidad.

Al respecto, asegura que Basáñez García creó “para sus amigos” las direcciones de Tránsito y Protección Civil, además de que implementó la llamada policía facultativa, es decir policías municipales que son asignados a la vigilancia de empresas privadas, lo que supuestamente representa un desvío de recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun).

El documento establece que, según información proporcionada por el gobierno municipal al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem), en noviembre del 2011 la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla contaba con 314 patrullas en operación y en septiembre del 2015 había solamente 152, en tanto que en septiembre del 2011 eran mil 904 policías municipales y en mayo del 2013 sumaban mil 337.

“Estas decisiones que tomo el ex Alcalde para beneficiarse él y su grupo, tuvieron las consecuencias que hoy se padecen en el municipio de un elevado índice delictivo, ejecuciones al por mayor, e inhabilitación en mayo del 2015 del ex director General de Tránsito, Vialidad y Transporte Municipal por 4 años por exigir dinero a sus subalternos, etc.”, menciona el escrito.

Agrega que también debe investigarse el destino de dos pesos que eran cobrados a la ciudadanía en los recibos bimestrales por consumo de agua potable del OPDM, como aportación al DIF municipal, además de investigar a la Dirección de Desarrollo Urbano como “otra probable fuente de recursos de procedencia ilícita”.

El documento pide que se inicie la investigación correspondiente y sea integrada la carpeta de investigación, para que ésta sea consignada a un juez para que “en su oportunidad se realicen las gestiones ante la Legislatura correspondiente para solicitar el juicio político contra el servidor público aquí señalado y que goza de fuero Constitucional y a los demás servidores públicos presuntos responsables por los delitos señalados en el presente ocurso”.

Los quejosos plantearon igualmente que se les brinden medidas de seguridad y cautelares, para “garantizar que podamos llevar a cabo las diligencias necesarias, las denuncias faltantes y la identificación del o los imputados sin riesgo para nosotros”, además de que sea reparado el daño patrimonial al erario público.

 

 

 

ahc

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