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El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara medidas excepcionales para contratar supervisores y capacitadores asistentes electorales, ante el déficit que enfrenta para reclutar este tipo de personal, indispensable para contar con funcionarios de mesa de casilla preparados en la elección de diputados del Constituyente de la ciudad.

El tema ya es una situación “problemática” para el instituto debido a que no ha completado el personal necesario, tampoco se han asignado áreas y zonas de responsabilidad para reclutar y capacitar funcionarios de casilla y “se corre el peligro de no atender la totalidad de secciones de los distritos” en una primera etapa.

La medida excepcional permitiría la contratación de personas sin importar el distrito electoral en el que vivan, para que visiten a los ciudadanos que fueron insaculados, y de entre ellos recluten y capaciten a los que estén interesados en fungir como funcionarios de casilla en la elección del 5 de junio.

El déficit se enfrenta, según el INE, por desinterés, porque los ciudadanos que podrían ocupar el cargo pertenecen a un partido —lo que está prohibido— o porque no cumplen con los procedimientos necesarios.

A fines de febrero, el Consejo Local del INE en la Ciudad de México informó que ya tenía 381 supervisores y dos mil 495 capacitadores asistentes electorales (CAES), con un faltante de 165. Pero al entrar marzo el tiempo se agota para que este tipo de personal reclute ciudadanos y los capacite, de ahí las medidas que prevé aprobar el instituto en sesión de Consejo General, la próxima semana.

En tanto, ayer el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, informó que hasta el momento las transferencias de recursos para la elección de la ciudad son de 370 millones de pesos.

A pregunta expresa destacó que no se ha afectado el fondo inmobiliario, con el cual se financiará la nueva sede del INE, cuya construcción se prevé iniciar en unos meses.

Explicó que “hasta ahora hay una serie de adecuaciones de 370 millones de pesos, además hay alrededor de 115 millones de pesos que se tendrán que destinar a prerrogativas de los partidos políticos”; es decir, son los 485 millones de pesos que el INE ha solicitado de ampliación presupuestal.

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