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Transportistas concesionados de las rutas 60, 87 y 13 del Sur de la ciudad revelaron que más de 2 millones 300 mil pesos al mes no ingresan a las finanzas de la ciudad debido a la presencia de unidades irregulares que sin placas y sin verificación ambiental circulan por la zona de Tasqueña, Picacho Ajusco, San Ángel y Miguel Ángel de Quevedo.

Alfonso Torres, dirigente de la ruta 87, denunció la concesión fraudulenta del líder de las rutas 1 y 111, Fernando Ruano, quien cuenta con un parque vehicular no autorizado entre los ramales de la delegación Coyoacán y Tlalpan.

“Trae un exceso de lo que tiene permitido, ya que tan sólo para la ruta 1 tiene 43 concesiones que corren del Imán a Tasqueña cuando sólo debía tener cinco de acuerdo con lo que marca la ley; en esas 43 concesiones tiene 76 autobuses, es decir un exceso de lo permitido”, refirió.

Ante esta irregularidad, alrededor de mil 500 familias han sido afectadas de manera directa con pérdidas de entre 4 y 5 millones de pesos al mes que dejan de percibir los operadores de las unidades que sí cuentan con la revista vehicular y con todos los permisos que se estipulan para poder transitar por las calles de la capital del país.

En conferencia de prensa, los dirigentes de las tres rutas presentaron una serie de fotografías, videos y documentos en los que se perciben choferes golpeados y amenazados por gente de Ruano para impedir que puedan trabajar.

Alfonso Torres señaló que hasta el momento hay 45 denuncias presentadas ante autoridades del Ministerio Público y dos convenios de no agresión firmados entre ambos grupos, que de nada han servido. Debido a que además de los golpes físicos a los que han sido sujetos, más de 100 unidades regulares han sido dañadas con vidrios rotos, llantas ponchadas y golpes a los camiones.

Además dijo que existen dos convenios de no agresión firmados ante autoridades de transporte que no han servido de nada porque las amenazas continúan entre ellos.

“Son pérdidas no sólo de daños a las personas sino económicas por lo que dejamos de percibir al no poder subir pasaje, al mes son millonarias y ninguna autoridad quiere hacer algo para frenar esta situación… No queríamos actuar pero estamos ya cansados de que ese señor [Ruano] siga perjudicando a muchas familias”.

Esta situación ha provocado que el número de pasajeros en estas zonas del sur de la ciudad caiga 40% en las tres rutas afectadas y que representa una afectación para 500 unidades.

Rosalío Juárez, de la ruta 13 y Jaime Sánchez de la ruta 87 lamentaron que las autoridades del InveaDF lleven a cabo operativos tres veces por semana y a los únicos que sancionan es a los transportistas concesionados por fallas menores.

A los irregulares, coincidieron, el Invea los solapa bajo el argumento de que no pueden detenerlos ya que si no traen placas de transporte público no se puede proceder a su detención y arrastre a un corralón, pese a que son piratas.

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