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En los próximos días, la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y las 16 jefaturas delegacionales deberán llevar a cabo un operativo especial de supervisión para clausurar y sancionar todas las construcciones ubicadas en zonas de riesgo, así como remitir a la brevedad el informe de resultados.

Lo anterior, luego de que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobara un punto de acuerdo en el que se propone castigo sobre las edificaciones que incumplan con la normatividad y pongan en peligro la integridad física de las personas, como ocurrió en la zona del talud en Santa Fe.

La propuesta fue impulsada por la diputada priísta Cynthia López Castro, quien de inicio promovió que fuera la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la que llevara a cabo el operativo emergente. Los partidos de Morena y PRD se sumaron a esta iniciativa y sugirieron modificaciones que dieron como resultado retirar a la Seduvi de esta solicitud.

López Castro dijo que es imprescindible que el gobierno capitalino tome cartas en el asunto y evite el otorgamiento de permisos a construcciones que no cuenten con la documentación reglamentaria, además de realizar una investigación seria para deslindar responsabilidades en caso de que exista alguna omisión por parte de funcionarios de la dependencia.

Por su lado, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la ALDF, Iván Texta, pidió a la Contraloría General y Consejería Jurídica un informe sobre la investigación que se sigue por el desgajamiento ocurrido en el Residencial Vista del Campo.

Además, solicitó a la Auditoría Superior de la ciudad de México incorporar este caso al Programa General de Auditorías.

El asambleísta requirió a la Secretaría de Protección Civil un informe detallado sobre las acciones emprendidas en la zona donde se registró el desgajamiento y las medidas que está implementando para evitar que vuelvan a ocurrir situaciones de este tipo.

“Llama la atención que el Atlas de Riesgo de la ciudad no haya permitido a la autoridad actuar con anticipación, lo que hace necesario identificar otras zonas que —por su ubicación geográfica— son susceptibles de este tipo de casos”, precisó el perredista.

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