L12: tienen 7 juicios GDF y consorcio constructor

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A un año y cinco meses de que la Línea 12 del Metro opera sólo en nueve de sus 20 estaciones, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y el consorcio constructor integrado por ICA, Alstom y Carso mantienen, al menos, siete juicios legales y administrativos abiertos.

Los actos que se litigan van desde que las empresas paguen el costo de la reparación, que el gobierno capitalino le liquide al consorcio casi 2 mil 300 millones de pesos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará si son los jueces federales o los locales quienes deban resolver las demandas en el caso de la Línea Dorada.

Esto ocurre mientras la Línea 12 del Metro, en su tramo de Culhuacán a Tláhuac, lleva 67% de avance en la rehabilitación y entrarán en la etapa de “rehacer” las 23 curvas con radio menor a 550 metros, que es donde se centra el problema mayor de la interacción de trenes y vías, causa por la cual se suspendió el servicio en marzo de 2014.

El GDF ha asumido el costo económico que asciende a casi 900 millones de pesos para que la Línea 12 opere al 100% en noviembre próximo.

De acuerdo con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del DF, existen siete juicios abiertos. El primero es de índole federal que promovió el consorcio constructor para que el GDF le pague 2 mil 274 millones 912 mil 919 pesos por obras ejecutadas, pero que estaban fuera del contrato. La administración local rechaza este pago.

El segundo es el que interpuso el GDF contra el consorcio constructor ante tribunales locales, llamado “acción declarativa”, para que determine si las empresas ICA, Alstom y Carso tienen la obligación de pagar todas las obras que se deriven del contrato principal de obra que es de 17 mil 585 millones de pesos. Con esto, se busca que el consorcio pague la rehabilitación.

El tercero es el amparo que promovieron las empresas contra la decisión unilateral del GDF de acabar el contrato principal y reclamar el pago de poco más de 2 mil millones de pesos por obras faltantes y mal ejecutadas.

El cuarto es respecto a la competencia federal o local para resolver el tema de la demanda civil que son los casi 2 mil 300 millones de pesos que exige el consorcio al GDF.

El quinto y sexto son dos juicios de amparo que ha promovido el consorcio constructor contra la llamada “acción declarativa” para determinar los alcances del contrato. El séptimo que se sumó es que el GDF ejecutó la póliza de vicios ocultos para que el consorcio constructor se haga cargo de obras que —de acuerdo con el gobierno capitalino— se consideran faltantes.

Sobre la demanda del gobierno capitalino a la Corte, Manuel Granados, consejero jurídico del DF, precisó que en las cláusulas del contrato a precio alzado —que se firmó con el consorcio constructor— se establece que, en caso de alguna controversia, sean tribunales locales los encargados de resolverla.

“Que se ajuste a lo que se pactó entre las partes, cumpliendo con las cláusulas del contrato de obra”, dijo.