Más Información
justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró válida la obligación de los integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México de difundir la versión pública de su declaración 3de3.
En sesión de Pleno, avaló la propuesta del ministro José Ramón Cossío Díaz para reconocer la constitucionalidad de la obligación prevista en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
El fallo, emitido por mayoría de seis votos, resolvió la controversia constitucional promovida por el Tribunal Superior de Justicia, el Electoral, el Contencioso Administrativo y el Consejo de la Judicatura contra la fracción XIII del artículo 121 de la ley.
El precepto establece la obligación de mantener impresa la versión pública de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para consulta directa de los ciudadanos, así como difundirla y actualizarla en sus sitios de internet y la PNT.
Los ministros consideraron que ni el Tribunal Electoral ni el Contencioso tienen legitimidad para promover un recurso de este tipo.
Los integrantes del Poder Judicial argumentaron que esto implicaba mayores obligaciones que las que contempla la Ley General de Transparencia, que permite elegir entre hacer o no públicas las declaraciones.
Afirmaron que con esto se vulnera la división de poderes y la esfera de atribuciones del Poder Judicial.
El ministro José Ramón Cossío Díaz destacó que con la impugnación realizada por estos órganos se pretendía generar una situación de excepción, para estar exentos de las obligaciones de transparencia.
El ministro Arturo Zaldívar Lelo apoyó la postura de Cossío, al indicar que las normas no afectan la independencia judicial y que, en materia de rendición de cuentas, los juzgadores no deben tener un trato distinto.
“La transparencia y la rendición de cuentas no tiene por qué verse de forma distinta de quien realiza una función jurisdiccional. Quienes somos jueces no estamos en una situación privilegiada o diferenciada en cuanto a la obligación de que las declaraciones sean públicas”, enfatizó.
Con la votación de los ministros, se declaró válida la obligación que aplica para todos los órganos del gobierno capitalino.
