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El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, negó que el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) esté incompleto, aunque reconoció que “en el mejor de los casos próximamente se tendrá un documento mejorado”.

En entrevista al asistir a la mesa de trabajo Cumplimiento del punto de acuerdo sobre asentamientos humanos de Tlalpan en la Asamblea Legis-lativa, aseguró que para darle tranquilidad a todo el mundo de “último llamado” se escucharán a vecinos y representantes de pueblos originarios para tener un mejor programa general.

Resaltó que sobre una propuesta específica se pueda atender las demandas de la ciudadanía, por lo que se trabaja en una última definición sobre un producto previamente consensuado.

“Eso dará elementos para que al interior de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa se haga el debate necesario para proceder a su dictaminación y subirlo al pleno”, señaló.

Sostuvo que la oportunidad de que la ciudadanía opine no sobra porque abona para la postura de un gobierno y parlamento abierto.

Gutiérrez recordó que desde el Conduce (Consejo para el Desarrollo Urbano y Sustentable) existió una mesa de trabajo específica de pueblos y barrios originarios que participaron desde una definición con diagnósticos hasta lo que se quiere en los sitios.

Desde hace unos meses, representantes vecinales de varias delegaciones han manifestado su rechazo a la aprobación del Programa General de Desarrollo Urbano en la Asamblea.

Incluso se unieron al llamado de diputados locales de Morena a conformar un frente en defensa del espacio público y el hábitat de la capital.

Los inconformes consideraron que el programa hasta ahora discutido tiene una tendencia privatizadora que atenta contra los intereses vecinales e incluso no respeta los tiempos establecidos por la nueva Constitución local.

El líder de Morena en el órgano legislativo local, César Cravioto, dijo que junto con los vecinos se instauraría un área de asesoría jurídica para apoyarlos cuando se detecten obras irregulares o ilegales, no sólo para que la autoridad ponga sellos que constantemente son violados, sino para parar la obra y demoler la edificación.

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