Traslado de "El Chómpiras", un riesgo para CDMX: diputada

El traslado del presunto operador financiero de Dámaso López Núñez, "El Licenciado", Víctor Geovanny González Sepúlveda y supuestos escoltas del Cártel de Sinaloa a reclusorios de la Ciudad de México implica un alto riesgo institucional para el Sistema Penitenciario local, por lo que estos reos deben ser trasladados a la brevedad a penales federales.

Así lo consideró la presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa, Rebeca Peralta, quien refirió que el gobierno federal está delegando responsabilidades al local, al capturar a los supuestos cabecillas del cártel de la droga más grande de México y después negarse a cuidarlos en prisión.

“El supuesto brazo derecho de Dámaso fue trasladado por la PGR al Reclusorio Sur en helicóptero, lo que significa que ellos entienden el riesgo que implica un interno de ese perfil criminológico. Sin embargo, cuando se trata de cuidarlo, sólo dicen ‘ahí te lo encargo, aguas porque es peligroso’. Eso significa una total irresponsabilidad por parte del gobierno federal, a eso se le llama delegar responsabilidades”, criticó.

La asambleísta indicó que es urgente que tanto Víctor Geovanny González Sepúlveda, ‘Chómpiras’, como los escoltas de su hijo detenidos en Xochimilco y Tláhuac sean trasladados a una prisión federal de máxima seguridad.

“No estoy diciendo que las cárceles de la ciudad no sean seguras, lo que quiero resaltar es que implican un riesgo institucional, el Reclusorio Sur es un penal preventivo de mediana seguridad, es necesario que el gobierno federal se haga responsable de sus reos”, abundó.

También agregó que buscará una reunión con la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, con el objetivo de encontrar las sinergias necesarias para detener el traslado de reos federales a penales capitalinos, pues la estadía de estos internos puede generar cotos de poder y corrupción.

Actualmente el Sistema Penitenciario local alberga a 391 reos acusados de delitos federales como delincuencia organizada, homicidio, y portación, uso o comercio de armas y explosivos, por los cuales el gobierno de la Ciudad de México gasta más de 90 millones de pesos al año para su manutención.

pmba