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El Senado aprobará la Ley de Seguridad Interior ordenada por Peña Nieto, legalizando la militarización de México, sin ningún control del Congreso, sometiéndose al proyecto de seguridad de Estados Unidos. La Cámara de Diputados aprobó dicha Ley el 30 de noviembre. El día siguiente, en el Senado, la presidente de la Comisión encargada, Cristina Díaz, declaró: “la minuta… será aprobada sin cambio alguno”. La opinión pública nacional e internacional se manifestó en contra de la Ley, calificada como enorme riesgo para México: el Alto Comisionado de ONU para Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rigths Watch, Amnistía Internacional y otras prestigiadas organizaciones denunciaron: la Ley violará derechos humanos, normaliza la permanencia de Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública cuyos resultados han sido catastróficos; exigieron su rechazo. El 6 de diciembre, en la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, la premiada, Julia Carabias, pidió frente a Peña: “debate profundo e incluyente… para reconstruir la seguridad y revertir la espiral de violencia”. En respuesta, se montó un foro sorpresivo ante Comisiones, participaron: representantes del Alto Comisionado de ONU, Comisión Nacional de Derechos Humanos, ONGs, reiterando sus posiciones; refutados por un general —a manera de juez— representante del Ejercito, flanqueado por Gobernación. Continuando la reunión, el presidente del Instituto Nacional de Acceso de la Información advirtió peligros de opacidad en la información; el mismo general lo obligó a desistirse. El día 8, Miguel Álvarez Gándara, al recibir de manos de Peña el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, le advirtió “la Ley generará más muerte y desesperación”.
Peña, “acorralado”, convocó al Senado “para que amplíe los espacios de diálogo… escuchar todas las voces”. Los medios exaltaron esta “convocatoria”. El mismo día, la senadora Díaz, teniendo ya un dictamen prefabricado, suspendió la reunión de Comisiones ya citada: “con la finalidad de continuar el diálogo… atendiendo el exhorto… de Peña”. El lunes 11, para cumplir, en reunión acelerada de un día, sin debate, participaron gobernadores, alcaldes, “académicos” de Fuerzas Armadas, ONGs. Nueve gobernadores asistieron, algunos apoyaron la Ley; otros con las siguientes reservas: hay excesos; las Fuerzas Armadas hacen labores de seguridad pública, violando derechos humanos; la Ley no da certeza de cuánto durará la presencia militar; la seguridad pública debe ser responsabilidad de los estados; subordinación del Estado y gobiernos locales a las Fuerzas Armadas; riesgo de la soberanía. Los alcaldes expresaron igualmente apoyos y reservas; las ONGs e investigadores censuraron la militarización. Sin embargo, los medios de comunicación difundieron falsamente un apoyo unánime. Las comisiones, dando por concluido el “diálogo”, convocaron nuevamente, distribuyeron el mismo dictamen con ocho cambios intrascendentes, ignorando los cuestionamientos importantes, planeando, con acuerdo “cocinado”, aprobarlo en Comisiones, pasarlo a votación del Pleno, devolverlo a diputados para la sola aprobación de esos cambios intranscendentes y remitirlo al Ejecutivo. Simulación de “dialogo” con la opinión pública.
Peña impondrá la militarización, rompiendo formalmente la estructura política nacional, profundizando la tragedia humana. Ocultan el origen de esta violencia institucional, formalizándolo, por sumisión a EU, que exige que las Fuerzas Armadas se conviertan en policías dependientes del Comando Norte para proteger el domino de sus empresas sobre infraestructura, recursos y territorio mexicanos. Instrumentada desde Fox con el ASPAN, fortalecida por Calderón con la Iniciativa Mérida —y el pretexto de la “guerra contra la drogas”—, que legalizará Peña, pasando encima de los graves señalamientos a la Ley, subordinando la Seguridad Nacional a los intereses estadounidenses. Entrada la noche del miércoles, en Comisiones, el PRI y sus aliados seguían votando contra cualquier propuesta de abrir un diálogo real, aprobarán el dictamen. Igual harán en el Pleno y en diputados, traicionarán a México.
Senador de la República
