Ley de Seguridad, cuestionada e impugnable

Luis Sánchez Jiménez

El instrumento legislativo que más oposición ha tenido en la historia legislativa reciente es la Ley de Seguridad Interior, aprobada la madrugada del viernes 15 de diciembre en el Senado de la República, y, unas horas más tarde, en la Cámara de Diputados con los cambios realizados a la minuta.

Como pocas veces en los procesos legislativos, la discusión en torno a la Ley de Seguridad Interior fue cuestionada desde diversos frentes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 25 rectores de universidades en el país; Comisiones Estatales de los Derechos Humanos; organizaciones de la sociedad civil, expertos académicos, defensores de los derechos humanos, organismos internacionales de la talla de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto, también las y los legisladores del PRD y de otras fuerzas políticas opositoras manifestaron su franca oposición a la Ley por considerar que es inconstitucional e inconvencional, pero sobre todo, por abrir la puerta a una presencia de las Fuerzas Armadas de manera permanente en funciones, aunque se niegue, vinculadas a la seguridad pública.

Apenas el viernes anterior a su aprobación, el Presidente de la República tuvo que salir al paso ante las presiones nacionales e internacionales y exhortó al Senado de la República a ampliar los espacios de diálogo con las organizaciones civiles antes de su discusión en el Pleno. Sin embargo, ese mismo día ya circulaba el dictamen en sentido positivo entre los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras, un servidor incluido.

Lo que hubo fue un diálogo de sordos sin mayores repercusiones en el dictamen que, a la postre, fue el mismo que se conoció días antes, con cambios nimios. El viso de apertura se cerró en un día con una pasarela de gobernadores y el jefe de Gobierno, algunos presidente municipales y la voz de algunas organizaciones civiles. Todo quedó en una farsa de diálogo.

Ahora, corresponde al Presidente de la República la decisión de realizar observaciones a la Ley o publicarla en el Diario Oficial de la Federación. Puede observar parcial o toda la Ley, sin embargo, todo el despliegue de los legisladores del PRI, sus aliados Verdes y panistas incondicionales, parece orientarse hacía la ruta de cumplir con el compromiso asumido con el Ejército y la Marina, a fin de contar con el supuesto respaldo jurídico (y político) necesario para mantener su presencia en las calles del país.

Antes y después de la aprobación legislativa, la Ley de Seguridad Interior concita un gran rechazo de la sociedad más enterada, más organizada y crítica; de los expertos en los temas de seguridad pública y de defensa de los derechos humanos, nacionales y extranjeros, todos ellos piden, ahora, que el Presidente vete la Ley, de no hacerlo, al menos la CNDH ejercerá su facultad para controvertir su constitucionalidad y pasará al terreno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pobre respaldo obtendrá, si acaso, las Fuerzas Armadas con esta Ley cuestionada. No les prestigia tener un ordenamiento legal impugnado para su actuar cotidiano; como tampoco ayuda descargar en sus hombros una tarea que deben desempeñar las autoridades civiles y las policías estatales y municipales, cuya responsabilidad y omisión persistirá con este ordenamiento.

Coordinador del Grupo Parlamentario
del PRD en el Senado de la República

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