Pánico soberbio: tercera prueba a nuestra democracia

Trágico para cualquier país es que los responsables del poder político se extravíen. A ese pervertido comportamiento se llega por diversos laberintos; radicalismo ideológico, incapacidad, corrupción, megalomanía. Existe una amplia bibliografía al respecto. No es el caso consignar en este espacio una relación de las patologías y deformaciones que suelen aquejar a quienes tienen en sus manos las riendas de los asuntos públicos.

Motiva este párrafo introductorio el más reciente atropello del Ejecutivo contra las endebles instituciones del país: la destitución del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Este declinante gobierno padece el síndrome de pánico soberbio. Ya perdió el sentido de Estado. Ha subvertido el orden democrático del país. El temor excesivo a la derrota en las elecciones del año próximo que le vaticinan los sondeos, lo impele a pasar por encima de leyes, derechos y aún las más elementales normas de respeto a sus interlocutores políticos. No hay equilibrio ni decoro en su actuación.

Su miedo se agudiza por la soberbia, esa altivez autoritaria propia de los elementos formados en grupos políticos del viejo sistema, sobrevivientes en regiones que no conocen la alternancia, sin auténtica pluralidad democrática y donde los contrapesos institucionales son mera simulación, para hacer del poder patrimonio dinástico y goce impune de ventajas indebidas.

Pánico soberbio es lo que motivan los primeros actos del espectáculo del dedazo, sabe que embelesa a su claque con el juego monárquico del tapado, pero del que la ciudadanía demócrata se burla. Es lo que explica la insensibilidad de utilizar la catástrofe de los sismos como oportunidad para recuperar popularidad. Trasuda intolerancia: persigue a sus opositores, hostiga a sus críticos, cierra espacios a las voces libres.

Lo menos que se puede decir es que el guillotinazo contra Santiago Nieto es un aviso de lo que viene para la competencia de 2018. Causó estupor en todos los ámbitos. La Confederación Patronal (Coparmex) la calificó como “atentado al Estado de Derecho, la justicia y la democracia”. El Consejo Coordinador Empresarial señaló que esa decisión “enrarece y ensombrece” el proceso electoral y crea mas desconfianza en las instituciones del país. En el mismo tenor se han pronunciado otros de organismo ciudadanos.

Los comentaristas independientes denuncian esta decisión como inocultable intento de impedir que la verdad sobre el caso Odebrecht salga a la luz, con demoledoras implicaciones para la legitimidad del gobierno y para la sobrevivencia electoral y legal del PRI.

En otros países, con mayor respeto por sí mismos, este mismo caso de ilegal financiamiento extranjero de campañas, cuyo modus operandi se aplicó metódicamente, como lo dijo el procurador Raúl Cervantes en su reciente dimisión: “ uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto”, ya tiene en prisión, o en esa ruta, a ex presidentes y altos personajes en Perú, Colombia, Panamá.

Tienen razón quienes advierten que la señal que envió el gobierno con esta remoción es un ominoso anticipo de un proceso electoral que podría desembocar en una grave crisis política. El grupo en el poder prepara una reedición de las elecciones del tiempo de la dictadura perfecta, con fraude y abuso de poder impune, están dispuestos a hundir al país. Su prepotencia está herida y están aterrorizados; el síndrome a punto de alcanzar su acmé.

Oigamos la advertencia de Krauze en su mensaje al Frente Ciudadano por México: “El proceso electoral de 2018 será la tercera prueba de nuestra democracia en este siglo y la definitiva. Si la superamos, la consolidación democrática será irreversible”. ¡Es la hora de luchar!

Ex presidente nacional del PAN
1999-2005. @L_FBravoMena