“El gobernador de Quintana Roo, Beto Borge, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, César Duarte, gobernador de Chihuahua, todos son parte de una generación nueva de este proceso de renovación del partido”.

Cómo han cambiado las cosas, quién diría que aquella generación estaría hoy presa o prófuga de la justicia, quién pensaría que “renovación” era realmente aniquilación. El llamado Año de Hidalgo nunca había sido tomado tan en serio. El presidente Peña vio en la impunidad excepción y la hizo ley, tanto, que amenaza con salpicar más allá del período de transición y alcanzar la Cuarta Transformación.

Enrique Peña Nieto, 2012.

 

Los procesos abiertos en contra de estos exmandatarios, la otrora nueva generación, son cada vez más cínicos, no sé si por incompetencia o porque la consigna es que la generación no muera, sea vilipendiada, que sí, que paguen los platos rotos, pero que no pierdan demasiado, porque igual y al final, siguen siendo una generación para renovar lo que queda del PRI.

El problema es que no solo aniquilaron al PRI, su ambición desmedida perjudicó a millones de mexicanos, quienes a pesar de pagar impuestos, no recibieron lo que la Constitución y las leyes de este país enuncian como obligación de un Estado de Derecho. Lo que la nueva generación hizo fue quebrantar aún más el contrato social sobre el que se basan los estados democráticos.

La idea no es indignar aún más, pero los casos son verdaderamente icónicos, y son solo la punta del iceberg de la corrupción sin medida que llevó al PRI a su destrucción.

Beto Borge enfrenta cargos por lavado de dinero y tres causas a nivel local por los ilícitos de aprovechamiento ilícito del poder, peculado, entre otros. Este destacado miembro de la generación operó con recursos de procedencia ilícita que involucran a 25 inmuebles con un valor de mercado de unos 5 mil millones de pesos.

Javier Duarte, “Javidu”, que en este proceso ha sido el ícono del descaro y la concertacesion, hace unos días se declaró culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero. A pesar de las investigaciones arduas, auditorias e investigaciones ¡ se le sentencio con 9 años de prisión que pueden reducirse a 5, así como una multa de 59 mil pesos ! Una gran burla para los mexicanos que no podemos accesar a la justicia.

Cesár Duarte, el otro adelantado de la generación, en 2016 dispuso de 7 mil 713.9 millones de pesos (mdp) inversión público productiva que debería haberse usado para cubrir necesidades de flujo de efectivo a efecto de realizar erogaciones previstas en el presupuesto de egresos, sin embargo, el recurso fue utilizado para otros fines. Hoy existen 11 solicitudes de arresto con fines de extradición del ex gobernador. Nada ha pasado aquí.

Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, al que acusan de operar un plan nacional para canalizar decenas de millones de dólares hoy ya está en libertad y de esa forma enfrentará el proceso.

Finalmente, Eugenio Hernández, quien fue acusado de enriquecimiento ilícito por 41 mdp, peculado, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ha tramitado un amparo y ha contratado al abogado del “Betito” presunto líder del cartel de Tepito y a quien defendió a Gutiérrez Gutiérrez.

Sí Eugenio Hernádez libra la justicia como lo hizo Javier Duarte, no nos quedara a los ciudadanos pensar si es que está transición está siendo aprovechada por el presidente Peña para darle impunidad a su generación de priistas notables o si hay impunidad libre en esta transición.

¿Qué pasa en este período de transición a la Cuarta Transformación? El gobierno entrante debe exigir que estos casos de corrupción NO queden impunes y los culpables sean detenidos y procesados, no solo para acabar con los rumores de la alianza del PRI-MOR, sino porque es lo que los mexicanos esperamos de nuestro presidente electo.

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