La Fiscalía de Chihuahua

En la mayoría de las entidades del país el Ministerio Público es el peor lugar donde encontrarnos. El maltrato sistémico a víctimas y acusados se combina de manera tóxica con su escasa capacidad de investigación. Por ello la discusión sobre cómo reformar nuestras fiscalías debe formar parte de una agenda de Estado. ¿Por dónde empezar?

En un estudio que evalúa el desempeño de procuradurías y fiscalías, Impunidad Cero colocó a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en el primer lugar del listado nacional. En un universo de reprobados, la posición significa un mejor desempeño en términos relativos en los aspectos que componen el índice, como capacidad para resolver homicidios y proporción de conclusión de investigaciones de otros delitos. Esto, en relación con los recursos disponibles.

Una forma complementaria para analizar el desempeño de nuestras fiscalías es a partir de la perspectiva de sus usuarios: las víctimas, los testigos y los investigados. Esta información es además un contrapeso a los datos administrativos generados por autoridades que pueden caer en la tentación de maquillarlos.

La evaluación de nuestras procuradurías desde la perspectiva de sus usuarios es posible gracias a dos encuestas que hace el Inegi. La primera es la encuesta de victimización nacional, denominada Envipe y la segunda es la que se realiza a personas privadas de libertad, llamada Enpol. El World Justice Project tiene un proyecto dedicado a analizar y difundir el análisis derivado de estas encuestas. En ambas, Chihuahua también sobresale entre sus pares.

Desde la perspectiva de las víctimas, la fiscalía de Chihuahua ocupó el primer lugar nacional en satisfacción de víctimas que denunciaron su delito. Por ello, no sorprende que la entidad tenga una de las tasas más altas de denuncia.

Desde la perspectiva de las personas que están en prisión, los datos son más reveladores. Chihuahua es el estado que tiene el mayor porcentaje de población penitenciaria que se identifica como correctamente encarcelada. Así, el 62% admite su responsabilidad en la comisión de un delito, mientras que ese porcentaje entre los privados de la libertad a nivel nacional es de 45%.

Indicadores asociados al respeto de derechos básicos también son alentadores. Por ejemplo, a las personas que transitan por esta fiscalía les permiten ofrecer pruebas de su inocencia en mayor proporción de la concedida a los detenidos en otras entidades. De forma similar, los detenidos suelen ser presentados ante un juez con mayor rapidez reduciendo así la estancia en el Ministerio Público que es, en sí misma, un factor de riesgo para el maltrato de personas. Finalmente, suelen contar con una defensa en proporción mayor y, de forma lógica, perciben que su declaración ante el Ministerio Público es más fidedigna que en el resto del país.

Tomados en su conjunto, los datos estadísticos sugieren que es posible garantizar derechos básicos y, al mismo tiempo, tener mejor efectividad en la persecución criminal.

Chihuahua tiene hoy un plano sobre el cual podemos construir. Para que la obra sea sólida debemos agregar capas de análisis. Es indispensable tomar en cuenta la visión de los operadores directos, así como los trazos de diseño de los múltiples procesos que ocurren en la atención a víctimas y en la investigación y judicialización de los delitos. Saber qué se hace y cómo se hace, como si fuese una receta de una fórmula química, nos arrojará luz sobre el modelo mínimo al que podemos aspirar dentro de nuestras fronteras.

Candidata a doctora en Políticas Públicas por la Universidad de Berkeley.
@LaydaNegrete