¿Derechos humanos o asistencialismo?

La manera en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador está tomando sus decisiones, obliga a preguntarse si está apoyando el cumplimiento de los derechos humanos o, por el contrario, creando un programa asistencial para ciertos segmentos de la población. La duda se genera por varios motivos. El más amplio, porque en su cotidiano decir no menciona a tales derechos; los trata como si de plano no existieran o como si no fueran parte de la Constitución por cumplir. Lo que el Presidente hace es nombrar algunos de los fenómenos sociales que con ciertos derechos quieren combatirse, como la pobreza, la desigualdad o la marginación, pero no alude a los derechos humanos, a la alimentación, agua, salud, educación o trabajo digno.

Este proceder discursivo se engarza con el operacional. Al no hablarse de derechos, no hay necesidad de señalar los modos como la Presidencia y su administración van a satisfacerlos. Lo que se hace es obviar el mecanismo constitucional para introducir la solución asistencial. Ahí donde hay hambre debe haber dinero directamente asignado para quien efectivamente la tiene, o para quien por su pertenencia a un cierto grupo de ingresos debe tenerla. Lo que se hace es entregar dinero para que el hambriento coma y satisfaga su necesidad. Quien recibe el pago no asume que ello se debe a la existencia de un derecho universal construido por un sistema democrático, sino que entiende que es la aportación directa de quien ocupa el Poder Ejecutivo.

La existencia de los derechos humanos está ligada a la construcción de una “ciudadanía”. Se trata de lograr que los miembros de una sociedad gocen de ciertas condiciones de vida expresadas como derechos. El derecho a la salud empodera a un sujeto para recibir atención médica pero, simultáneamente, ordena la actividad de toda la administración a efecto de conseguirla de manera generalizada y lograr que la población efectivamente tenga salud. La idea es que el sujeto que ve satisfechos sus derechos, entienda que forma parte de una comunidad a la que le debe ciertos grados de lealtad. Los derechos juegan en la construcción de ciudadanos participativos, y éstos, a su vez, son el sostén del proceso democrático que permite elegir a los titulares de los poderes públicos, y crear normas jurídicas que definen las reglas básicas de convivencia.

El problema de desplazar a los derechos por la entrega de pagos periódicos, es que ninguna de estas importantes condiciones se actualiza. En principio, porque la ciudadanía se sabe dependiente del dador y no de las instituciones encargadas de otorgar las correspondientes satisfacciones; también por el rompimiento de la universalidad de los derechos frente a la construcción de las clientelas recipiendarias de los beneficios; y por desarticular a la administración en su tarea de generar un creciente bienestar general.

Así, como con otras cosas, en el país estamos viviendo un enfrentamiento al discurso y a la acción que nos habían parecido dignos de ser seguidos para garantizar la mejora de las condiciones de muchos. Hoy se están construyendo discursos y acciones para que esas mejoras se logren por otras vías. Por ello, es necesario debatir los supuestos y los efectos del modelo que quiere implantarse. Mal haríamos en suponer que la mera e inmodificada dinámica histórica basta para solucionar lo que enfrentamos, pero también mal haríamos en suponer que el pago directo de ciertas cantidades es sin más la solución a los problemas, sea por la carga empática que genera o la legitimidad de quien la impulsa. El riesgo del nuevo programa radica en la sustitución de “ciudadanos en construcción” por “clientes en activo”. En la conversión de un país de precarios titulares de derechos, por otro de activos acreedores del erario. Eso es lo que se juega. Lo que importa es no confundir ni dejarse confundir en un punto. Una cosa es contar con una escuela, estancia infantil, hospital o empleo, y otra distinta es recibir un pago. Lo primero resulta de la satisfacción de un derecho, y lo segundo no, por no realizarse en la forma prescrita por nuestra Constitución y los tratados internacionales que como Estado hemos firmado y ratificado.

Ministro en retiro. Miembro de El Colegio
Nacional. @JRCossio