Plan emergente por la salud

José Antonio Vital Galicia

En la reunión del gobierno federal con la cúpula empresarial del 8 de noviembre del año en curso, se abordó el tema del financiamiento para la reconstrucción y se informó de la afectación de 175 unidades médicas hospitalarias, 184 mil viviendas y 16 mil escuelas dañadas. Anunciándose que se destinarán 48 mil millones de pesos para vivienda, escuelas y patrimonio cultural, suma insuficiente y absurda cuando Calderón y Peña Nieto, entre 2009 y 2013, destinaron más de 91 mil millones de pesos para rescatar a Homex, GEO, SARE, ARA, HOGARB, URBI. Rescate inmobiliario que representa el doble del señalado para la reconstrucción, sobre los hospitales no se reportó nada.

Los servicios de salud, y particularmente los hospitalarios, antes de los sismos ya se encontraban en situación de emergencia por el abandono del Estado mexicano y el estrangulamiento financiero, que en los últimos 3 años le han recortado más de 24 mil millones de pesos, cantidad suficiente para que funcionen por un año 40 hospitales regionales de alta especialidad.

La afectación en el acceso a los servicios médicos por los sismos ha superado los 2 millones de personas, sólo en el IMSS se enviaron a sus casas a cerca de mil 500 pacientes hospitalizados de más de 10 nosocomios inhabilitados por el sismo, lo que provocó que en un mes, más de 7 mil personas no pudieron internarse para una cirugía, un estudio o tratamiento hospitalario. Estas unidades médicas de alta especialidad que atienden alrededor de 6 mil personas al día en consultas, estudios, tratamientos o cirugías ambulatorios, quimioterapias, diálisis, urgencias, etc., dejaron de atender 60 mil personas al día.

Demagógicamente, los funcionarios anunciaban que transferían a pacientes y consultas a otros hospitales, pero éstos estaban saturados antes de los sismos; de igual manera, han desplazado a los trabajadores a otras unidades de salud que, hacinados, no tienen condiciones profesionales y laborales para dar la atención debida a la población.

El gobierno ha ocultado o minimizado los daños en centros hospitalarios como la Raza, el 20 de noviembre, el Darío Fernández, el Gea González y otros del ISSSTE y la SSa federal y estatales, ante lo cual los trabajadores de la salud, han demandado información clara y completa sobre los daños a los servicios de salud y los costos de su rehabilitación. Así mismo, debe rendir cuentas sobre la reconstrucción pendiente del hospital Gonzalo Castañeda del ISSSTE, que desde hace 9 años fue cerrado a pesar de existir el financiamiento para su construcción dejando a más de 70 mil derechohabientes sin servicio de alta especialidad, también pendiente la construcción del hospital infantil de Cuajimalpa, destruido hace 3 años por una explosión.

De igual manera el doctor Narro debe suspender su campaña política y dar respuesta a la exigencia de un programa emergente que habilite hospitales temporales, se contrate personal complementario, para atender la disminución de la infraestructura, así como la creación de las plazas para la profesionalización y la basificación de los trabajadores comprometida desde hace 3 años y que hoy es indispensable para atender efectivamente la contingencia.

Ahora los damnificados por las políticas neoliberales afectados en sus condiciones de vida y de trabajo, se suman a los afectados por los desastres naturales por una reconstrucción nacional, democrática y transparente. Reconstrucción que recupere el patrimonio nacional como es la Seguridad Social y la industria petrolera. Es tiempo de abrir el paso a la participación directa de las comunidades, suspender el lucro con la desgracia humana, la impunidad y privilegios del poder económico y político, para evitar el huracán social que se avecina.

Integrante del CACEPS. [email protected]

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