Del huachicoleo al Plan Nacional de Desarrollo

Era impostergable tomar la decisión de hacer frente al robo de combustibles, tanto desde las refinerías como por las tomas clandestinas en ductos. El país se ha hartado de los robos que a diario se cometen en todos los ámbitos. Son las quitas de lo ajeno con violencia que afectan directamente a nuestro patrimonio e integridad física; los hurtos que se hacen de nuestras contribuciones desde puestos públicos, donde las autoridades federales, estatales y municipales han hecho muy poco desde hace mucho tiempo. Por eso es loable la decisión del presidente López Obrador de combatir con todo a una de las ramas de la industria del crimen. Pero eso requiere de planeación, estrategia y de una logística al más fino detalle.

¿Y qué tiene que ver la retención de bienes ajenos contra la voluntad de sus dueños con el Plan Nacional de Desarrollo? Pues mucho, porque si el Estado no marca el rumbo, no establece prioridades, no da orden, no se organiza y no se coordina con el sector privado, el sector social, los otros órdenes de gobierno, es imposible mejorar el estatus de las cosas que suceden en esa gran nave en la que vivimos y buscamos convivir que es México.

El símil con una nave (aérea o marítima) es muy ilustrativo porque la palabra gobierno tiene su origen en la palabra griega kyberna (pilotear un barco). En nuestra gran nave ya sabemos que se están robando de todo, entre otras razones porque quienes han recibido la responsabilidad del timón y la tripulación que lo acompaña no han hecho lo suficiente para impedirlo. Han permitido la impunidad, han sido omisos e incluso han participado para beneficiarse de ese desorden.

Por ejemplo, el Programa Nacional de Seguridad que se deriva del PND ha sido letra muerta, pese a que existe un plan de vuelo, una ruta de navegación con un origen y un destino muy específico. De ahí también la importancia de su vinculación con el Presupuesto de Egresos de la Federación para que se destinen los recursos correspondientes para materializar el bienestar prometido.

Por eso nuestra Constitución obliga a que cada administración presente su Plan Nacional de Desarrollo (PND), del cual se derivan programas sectoriales con sus programas institucionales respectivos, programas especiales y programas regionales, para que ahí definan y establezcan lo que concretarán durante los casi seis años de gobierno. Por cierto, los programas presupuestarios que se usan en el Presupuesto de Egresos y los programas nacionales y transversales no tienen sustento jurídico.

Para elaborar el PND se tienen que seguir instrucciones muy precisas establecidas en la Ley de Planeación. Pero ésta ya caducó pese a sus reformas. Data de enero de 1983. El país era otro, y el Estado era propietario de miles de empresas paraestatales. Se creía que el Estado lo podía todo: ser autoridad, prestador de servicios públicos, productor de bienes, comercializador, hotelero, administrador de cabarets y hoteles, etc.

Hoy México y el mundo evolucionaron. Para empezar, en manos del sector privado está la responsabildad del crecimiento económico al estar encargados de las actividades para producir y distribuir bienes y prestar servicios. Por su parte, el Estado es el responsable de generar las condiciones para propiciarlo, para lo cual diseña políticas públicas, regula y supervisa. El Estado tiene la obligación de promover el desarrollo para lo cual se le ha responsabilizado de la educación pública y la salud. También dispone de la hacienda pública con los instrumentos tributarios, endeudamiento, de gasto público y de inversión.

Hoy la tecnología permite una participación auténtica, sin simulación, que capte lo que se sufre por la incompetencia gubernamental, por la mala coordinación y distribución de responsabilidades entre órdenes de gobierno. Hoy las consultas públicas pueden ser de verdad y organizarse foros donde los investigadores de las universidades, centros e institutos públicos y privados expongan los diagnósticos y propongan soluciones.

Hay un pequeño problema. El tiempo ya está encima. La fecha límite para presentar el PND es el 28 de febrero. La oportunidad queda entonces en las consultas y foros para los programas sectoriales, programas institucionales, los programas especiales y los programas regionales. Si AMLO quiere ser diferente, entonces la planificación del Estado debe ser un tema serio, sin simulación; pero ahora estamos preocupados por llenar el tanque de gasolina.

PD. Deseo a todos quienes me leen lo mejor para este año que ha empezado, especialmente salud, paz, seguridad y alegría en sus vidas.

Economista. @jchavezpresa