Los resultados de las elecciones en seis estados el pasado 2 de junio, se explican por múltiples factores que debemos interpretar con objetividad.

Es entendible que los participantes hablen de haber obtenido buenos resultados. Así, los candidatos a gobernadores de Morena celebran sus victorias: El PAN se dice ganador al lograr mayoría en tres estados. El PRD reporta a su favor votaciones superiores a las del año pasado (7% y cuarto lugar nacional), triunfos en un municipio de Aguascalientes, cuatro en Durango y es tercera fuerza en Baja California y Aguascalientes. El PRI poco tiene que ostentar y ha quedado callado. Es la versión del vaso medio lleno.

Por otra parte, tenemos una participación electoral que promedia el 30 por ciento, lo que habla del desencanto social frente a la democracia y la decepción por las promesas incumplidas de AMLO.

Ahora bien, Morena obtiene “carro completo” en Baja California, pero con muchos menos votos que en el 2018. En Puebla quedó por debajo del PAN y en Tijuana está empatado con el PRD. Además, con un uso abusivo de los programas sociales operados por la maquinaria oficial de los superdelegados y “los servidores de la Nación” y presionando a los jóvenes becados “para construir el futuro”.

La mayoría de los votos de Morena vinieron de las zonas más empobrecidas, donde más se opera y presiona con los programas asistencialistas. Por eso López Obrador miente descaradamente cuando declara que “tuvimos los primeros comicios sin intervención del gobierno federal”. Esta actuación gubernamental revela cómo ya está operando el nuevo ejército electoral montado desde el gobierno, con recursos oficiales, para beneficiar a su partido. Es el regreso al régimen de partido de Estado, que tanto daño hizo al país y a la democracia.

Otra arista de lo sucedido el pasado domingo es la debilidad de las oposiciones al actuar por separado. Morena gana Puebla y Tijuana gracias a sus aliados, a pesar de postular candidatos de lo más execrable de la política, y que son probadamente inelegibles, como en Baja California. Si el PRI hubiese aceptado el llamado de personalidades de la sociedad civil para que se adoptara un solo candidato opositor, transversal a los partidos políticos, como Enrique Cárdenas, otro sería el resultado.

Cierto que el PAN aparece como el partido opositor más votado, pero con evidentes derrotas a cuestas. El PRD se mantiene vigente, despegándose de los otros partidos pequeños, pero todavía sin ser visto como opción creíble y viable para captar el descontento social y conformar un polo progresista amplio. Los partidos opositores pueden embelesarse con el discurso de la autocomplacencia, del “ahí la llevamos”, pero siguen alejados de ese mayoritario sector de la sociedad que no fue a votar y que puede crecer.

Quienes nos ubicamos en el campo democrático y progresista estamos obligados a actuar para evitar que se afiance y consolide este autoritario régimen de partido de Estado con un presidente que pisotea la Constitución y las leyes, que hace de sus caprichos una política de Estado, que ataca a los críticos de sus acciones, y que ni siquiera se digna a recibir el informe de la CNDH porque no admite que le exhiban las violaciones de derechos humanos; todo ello, mientras vergonzosamente actúa de rodillas ante los insultos y agresiones de Trump contra México.

El retroceso electoral de Morena del 2 de junio refleja, aunque sea todavía ligeramente, que “la ola pejista” del 2018 empezó a bajar. Y esa es la gran oportunidad que se abre para las oposiciones. El PAN, que ya gobernó, tiene pocas posibilidades de encauzar las demandas sociales. El PRI está descalificado. El PRD puede hacerlo a partir de definirse como un partido socialdemócrata, liberal, progresista, abierto a la sociedad y dispuesto a lograr la más amplia unidad para frenar el autoritarismo en curso. No parece haber más opciones.


Exdiputado federal

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