La transición de terciopelo y de cielo despejado, que parecía transcurrir después del triunfo de AMLO el 1º de julio, se ha ido tornando en una de muchas aristas rasposas y grandes nubarrones que generan incertidumbres y preocupaciones en importantes sectores de la sociedad mexicana, así como en actores significativos del ámbito internacional.

No haré aquí el recuento de los traspiés que han cometido el hoy presidente electo de México, López Obrador, y su anunciado equipo de gobierno. Solo mencionaré los que mayormente evidencian el riesgo que corre el Estado de Derecho y la estabilidad económica del país en el horizonte inmediato.

La llamada “consulta popular” sobre si la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se continúa en Texcoco o se efectúa en terrenos del aeropuerto militar de Santa Lucía es a todas luces inconstitucional e ilegal. El ciudadano presidente electo sabe él mismo que no tiene facultades para convocar a ninguna consulta porque aún no entra en funciones. Y aunque lo fuera, tendría que enviar como presidente constitucional una iniciativa de reformas constitucionales y legales para que la consulta se pueda realizar en tiempos diferentes a las elecciones federales.

Mal haríamos en participar y en llamar a participar en una acción ilegal. No ser cómplices de ello y sentar un precedente que puede abrir cauce a otras acciones autoritarias vestidas de democracia plebiscitaria, porque las llamadas democracias plebiscitarias (el voto a mano alzada de la gente congregada en la plaza pública o métodos similares) son usadas para oponerse a lo que digan las leyes y a lo que se discute y decida en los órganos constitucionales, sean legislativos o judiciales. Es decir, las democracias plebiscitarias empiezan y terminan siendo el fundamento de los gobiernos autoritarios, de las dictaduras.

No dejo de mencionar la pretensión de sustituir el papel de los gobernadores con los “super delegados” que manejarían los presupuestos federales en todos los estados de la República sin bases constitucionales, así como los 296 operadores del próximo presidente en todo el territorio nacional para levantar y operar el “censo de necesidades”, obviamente con fines electorales para beneficiar a Morena.

Regresando a la “consulta popular” sobre el aeropuerto, además de los riesgos políticos, y más allá de versiones sobre si se quiere engañar a los empresarios, lo cierto es que ha generado grandes borrascones en el escenario económico, porque la incertidumbre se ha apoderado de los inversionistas y financieros nacionales y de talla internacional. El peso mexicano fluctúa (se devalúa) conforme a esas reacciones.

Habiendo muchos más hechos que provocan incertidumbre acerca del próximo gobierno lopezobradorista, es necesario que la sociedad mexicana, a la que tanto trabajo le ha costado construir una democracia con instituciones estables y sólidas, no baje la guardia, no se paralice por temor a decir su verdad y demuestre su capacidad y su fuerza. Es hora de actuar con cabeza fría ante la borrasca.

Es el momento de que las fuerzas liberales, democráticas y progresistas dejemos claro que las torpezas y ocurrencias hechas gobierno son cosa del pasado, que no se permitirán. El Estado de Derecho debe estar por encima de los autoritarismos aunque se vistan de “cuarta transformación”.

En este tenor es muy importante el reciente anuncio del PRD en el sentido de avanzar hacia su renovación y hacia el encuentro con sectores de la sociedad que no quieren una regresión autoritaria; sectores de la intelectualidad, de la academia, de los creadores del arte, liderazgos sociales y organizaciones no gubernamentales y del medio empresarial comprometidos con el desarrollo del país. El PRD, dijo el Consejo Nacional del pasado 20 de octubre, quiere ser útil a las mejores causas de la sociedad y fundar, junto con todos estos sectores progresistas, una nueva organización, superior a lo hoy existente como partido.

Ex diputado

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