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Ayer se dio a conocer la renuncia del abogado Raúl Cervantes Andrade al cargo de procurador general de la República, y quizá haya sido la última persona en ocupar esa posición, que desaparecerá para dar paso a la Fiscalía General.
El lío por la elección del primer titular de la oficina que llevará los asuntos ministeriales de la justicia federal, deja así una baja en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, pero también marca un cambio total del tablero político, pues no podemos olvidar que fue este asunto el detonante para la conformación del Frente PAN-PRD-MC.
Cervantes Andrade, senador de la República con licencia, se condujo de forma prudente en las funciones de la PGR. Caminó en el delicado filo de los asuntos heredados (Ayotzinapa y Odebrecht son de los más sensibles), tal vez pensando en una transición institucional de la cual, todo parece indicar que ya no formará parte.
Se le reconoce, eso sí, dejar el cargo para atenuar las circunstancias políticas ante el nombramiento del primer Fiscal General. Habrá que ver cómo se comportan las fuerzas en disputa en las dos Cámaras, señaladamente en la de Senadores, y habrá que ver qué hace el Ejecutivo para que este sacrificio de alfil no sea un episodio sin frutos.
Ahora lo que toca a los legisladores es dejar a un lado los intereses de partido, grupales o facciosos, que son la expresión más egoísta de la política. Deben aprovechar este momento en que ya no existe la razón de su desencuentro y ponerse a trabajar para elegir a una persona libre de influencias partidarias.
Es claro que ahora todas las fuerzas políticas representadas en el Legislativo Federal tienen la vía libre para hacer propuestas en las que se distingan candidatos autónomos, verticales y acuciosos, para que nadie esté por encima de la ley.
La sociedad está expectante y pronto sabremos si lo de Cervantes Andrade y su aspiración a la Fiscalía fue un asunto de fondo o de forma, o si tan sólo fue el pretexto para una ruptura política.
Veremos si hay asertividad del gobierno para proponer a candidatos idóneos, y si hay voluntad de los opositores de hacer lo que es mejor para la República y no lo que más conviene a sus proyectos políticos personales y de grupo.
Sabremos entonces si valió la pena el sacrificio del último procurador.
Diputada del PRI
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