Las leyes, entre la chunga y la ocurrencia

Prácticamente todos los gobiernos mexicanos, desde 1929, invocan y reconocen a la Constitución como norma suprema y rectora de la vida de los mexicanos, pero no la acatan. El gobierno que inicia su periodo el próximo sábado ni la invoca ni la reconoce ya en su plenitud de ley suprema. Muestras de lo que se avecina sobran tras los últimos días desde el 1 de julio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que contender —dice el ministro José Ramón Cossío en EL UNIVERSAL— con el poder político y esto, por medio del juicio de amparo y las previsibles controversias en materia de derechos humanos y constitucionales sobre el pacto federal.

Ver hacia el órgano límite del Poder Judicial será indispensable y mucho más frecuente a partir del minuto inaugural del sexenio 2018-2024.

Habrá que poner lupa fina y dar especial atención al quehacer en la casa de los jueces de jueces, valladar casi único y contrapeso a los previsibles nuevos impulsos de la mayoría del Senado, del PT, o a los saltos ominosos y antifederalistas del Toro sin Cerca, Félix Salgado Macedonio.

¿Qué nos ha llevado —esta vez más que otras— a poner cuenta regresiva para medir en meses, semanas, días y hasta en horas la entronización del candidato de Morena en el Poder Ejecutivo desde que se alzó con el triunfo el 1 de julio? Cada persona lleva a cuestas sus propias expectativas y respuestas en el plano social, familiar y personal de lo que significa el multicitado cambio de régimen. Lo que parece sabido es que no hay ni habrá compromiso de fondo con la fórmula republicana y democrática de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes emanadas de nuestra Carta Magna, sino, por el contrario, parece haber prisa por acelerar sus modificaciones con base en una cómoda mayoría legislativa que facilita la instrumentación de cualquier ocurrencia.

Nueve puntos menos en los índices de aceptación del próximo presidente de México parecen muchos para quien aún no se estrena en la formalidad de la jefatura del Ejecutivo federal. El saldo de los temores y suspicacias aumenta cada día.

En su frenesí verbal y a impulso de declaraciones tronantes de su equipo, los índices de la economía mexicana siguen descendiendo. Hay también una silenciosa migración de capitales fuera de las fronteras nacionales.

Sería prolijo un recuento pormenorizado de las malas señales acumuladas en el periodo de transición. Haré mención de la enorme y triste contradicción entre lo que parece proyectarse en materia de modificaciones a la Constitución (comenzando por los cambios al artículo 35 que regula la validez de las consultas públicas, para aligerarlas quizá al extremo de la chunga y el pitorreo metodológicos, con graves efectos verdaderos de ley). También la progresiva pérdida de valor de las empresas, medida en la caída casi vertical de sus activos y de su valor en bolsa, hasta rebasar 92 mil millones de pesos en menos de un mes.

Quien durante 12 años se aferró a la invocación de la Constitución y a las leyes para promover propósitos renovadores y de justicia, hoy permite e impulsa que se les dé la espalda, con propuesta de reformas cuyo único y principal sostén es la desesperación de un pueblo mayoritariamente harto de la inseguridad y los abusos, un electorado que le entregó su confianza y aún con crecientes dudas, se la convalida con tal de salir de esos dos agujeros.

Sorprende la última declaración de conceder amnistía de facto, por encima de todas las leyes, a los corruptos del actual y los anteriores gobiernos; sin el proceso que la convalide y en contra de la ley, sin que el Presidente tenga facultades para tomar una decisión tan grave y contraria al espíritu nacional como ésta. ¿Qué hay detrás de esta decisión? Una supuesta unidad política que no se puede lograr si se construye con cimientos nauseabundos del lodo nacional del delito y la impunidad de los políticos.

La Cuarta Transformación pudo proponerse importantes cambios de fondo: “No es posible que el Ministerio Público ponga toda la fuerza moral de su autoridad al servicio de la justicia y del cumplimiento de las leyes (como un) dependiente del Ejecutivo, si a la vez es la fuente más prolífica en atentados contra las libertades y los derechos de los individuos y de la sociedad… esta es la causa de que no haya una verdadera independencia del Poder Judicial”. La frase anterior es del jurista Luis Cabrera, en un célebre debate con Emilio Portes Gil. Expresiones que datan de 1932 y que 86 años después no parecen importarle a nadie en nuestro país.

¿Con todo esto será posible recuperar la confianza?

Notario público, ex procurador
general de la República