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Reformular políticas para frenar inseguridad

La pasada década dejó millones de víctimas directas e indirectas, no podemos seguir permitiendo políticas y reformas sin sustento que mantienen la actual crisis
28/05/2019
02:16
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La presente administración federal es probablemente la más productiva en términos de la información que genera acerca de su ruta y destino, sin embargo, un exceso de información no siempre coincide con mensajes claros que establezcan rumbo, camino y medios con lo que se piensa lograr los objetivos.

Por ello, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) decidimos entender si esa enorme cantidad de información es un insumo clave para decidir y evaluar en materia de seguridad y justicia.

De esta manera, el pasado miércoles 22 de mayo presentamos el documento Cimientos de las políticas de seguridad: primeros pasos y tareas pendientes, donde se analizó la totalidad de las conferencias matutinas del presidente López Obrador, el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad y el Plan Nacional de Seguridad.

Además, enviamos un cuestionario a los gobiernos que tuvieron cambio de gobernador para que expresasen los principales tópicos de sus políticas en materia de seguridad y justicia, el presupuesto necesario y la transformación institucional requerida.

Sólo Guanajuato, Jalisco y Yucatán respondieron a todo el cuestionario, Morelos envío una parte y los demás optaron por la opacidad y no rendirle cuentas a la sociedad.

Destacan, los casos de Tabasco y Veracruz, entidades que contestaron que carecían de un plan.

Los hallazgos en materia federal pueden resumirse en tres rubros:

Políticas innovadoras pero que requieren mayor precisión legal y presupuestal.
Políticas que deben ser fortalecidas en su diagnóstico y líneas de acción dentro del PND y ENSP.
Políticas que deben ser reformuladas si se busca generar un impacto positivo.

En general, podemos identificar huecos entre propuestas y planes, falta de definición de indicadores, contradicción en los indicadores, contradicción en los objetivos de algunas políticas.

La promoción y mejora del acceso a los servicios de salud mental y apoyo psicológico con énfasis en la población afectada por la violencia, la migración y los desastres naturales, suena como una política innovadora, y para que esta pueda llevarse a cabo requiere de mayor precisión legal y presupuestal.

De igual manera, la implementación de procesos de justicia transicional y la presencia considerable de la perspectiva de derechos humanos, se presenta como un avance en materia, particularmente por el plan de desarrollar una Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa.

En materia de agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, lo establecido exhibe una propuesta de corte general que olvida los procesos puestos en marcha -no se hace mención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas-, lo que puede llevar a repetir acciones del pasado sin mucho éxito.

Un ejemplo de políticas plasmadas de manera contradictoria en la ENSP, en el PND y en los discursos del presidente, es la que se refiere a las adjudicaciones directas. En un documento se propone limitarlas como elemento que pueda prevenir la corrupción -sin una claridad sobre los criterios que deben aplicarse a esas limitaciones-, en el PND se habla de eliminarlas por completo, mientras que en los discursos -y en los hechos- se han defendido en reiteradas ocasiones.

Por lo que refiere a los Servicios Médicos Forenses, a la prevención del delito, a la
cooperación internacional en materia de combate a las drogas, a la asignación de participantes de la sociedad, objetivos y fines del Consejo de Construcción de Paz, los diagnósticos deben ser fortalecidos, así como las líneas de acción que se desprenden.

No queda claro el nivel de prioridad de la atención a la violencia contra las mujeres, si se analizan los documentos, difiere ampliamente lo que se propone.

Entre las prioridades y políticas que vienen enumeradas en los varios documentos pero que carecen de rutas de implementación e indicadores de resultado, encontramos la intención de mejorar la capacidad de judicializar y la coordinación de las unidades administrativas con atribuciones para analizar los flujos de recursos de procedencia ilícita, la cual es una política que carece de mecanismos para integrar y medir la cooperación entre los estados y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Mismo ejemplo en materia de procuración de justicia, se habla de la homologación de un modelo autónomo de las fiscalías generales, sin considerar estrategias para la disminuir la impunidad, así como las diferencias de procedimientos, criterios y normatividad interna de las 33 instituciones de procuración de justicia, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Material Penal, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes.

Se rescata la propuesta del Documento Único de Identificación Nacional, impulsado desde la época del presidente Calderón, sin explicar alcances, meta y ruta de implementación.

Si bien, los documentos analizados plantean un Nuevo Modelo Policial para el país, se deja a un lado que esta política fue impulsada hace más de una década, y tampoco se rescatan las experiencias de las administraciones federales anteriores para entender qué ha inhibido su cristalización.

Entre las políticas que abiertamente deben ser reformuladas, podemos señalar el Programa Frontera. En el tema de migración hay ambigüedad discursiva tanto en la ENSP como en el PND. En el primer documento se describe como una amenaza o riesgo, mientras que en el segundo se reconoce su contribución al desarrollo de los países.

También deben ser reformulados los objetivos y fines de la Guardia Nacional para generar certidumbre en el mando de las coordinaciones estatales, así como la formación y aprovechamiento de sus integrantes por parte de instituciones militares. No está clara la estrategia de regionalización, así como la estructura institucional.

Así como hay políticas innovadoras, políticas que deben ser fortalecidas o que deben ser reformuladas, hay ausencias que debemos destacar:

Reforma del Sistema de Justicia Penal.

Reforma en materia de Amparo.

Reforma en materia de Derechos Humanos.

No se mencionan medidas para fortalecer la Fiscalía General de la Republica.

No se mencionan medidas para fortalecer las procuradurías estatales.

No se identificó́ alguna alusión a las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, ni al Mecanismo PNSP ni en ENSP.

No se menciona la Coordinación Nacional Antisecuestro.
Se carece de una directriz para mejorar la gobernanza en el tema de seguridad con la ciudadanía.
Falta de indicadores de impacto en el ejercicio de los recursos para la seguridad de los estados.
Ninguno de los documentos se refiere a la Iniciativa Mérida ni a sus aportaciones.

El documento Cimientos de las políticas de seguridad: primeros pasos y tareas pendientes, se adscribe a un ejercicio que inició con el análisis de las plataformas electorales de los entonces 55 candidatos a ejecutivo federal y locales, en materia de seguridad y justicia; así como del análisis de los documentos y discursos en el periodo de transición.

De esta manera, en el ONC hemos construido un sistema de seguimiento a los nuevos gobiernos con una metodología única, transparente y reproducible como elemento que puede ayudar a mejorar las decisiones de las autoridades y, por ende, la situación de seguridad del país.

La pasada década dejó millones de víctimas directas e indirectas del delito y la violencia, no podemos seguir permitiendo políticas y reformas sin sustento que mantienen viva la actual crisis y que, si no se refuerzan, seguirán produciendo los terribles efectos que como sociedad hemos pagado.

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
Francisco Rivas
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano. @frarivasCoL @ObsNalCiudadano