Desaparición de personas: crisis humanitaria que debe ser atendida con urgencia

Francisco Rivas

El gobierno federal presentó el Plan que habrá de llevar a una plena implementación de la ley en materia de desapariciones tanto forzadas como aquellas cometidas por particulares.

Las desapariciones de personas son parte de la historia del país; la posición geográfica hace de México una ruta obligada para aquellos que buscan llegar ilegalmente a los Estado Unidos de América generando redes de tráfico y trata de personas, así como de extorsión a migrantes, que han sido claves para propiciar las desapariciones.

La corrupción y debilidad del Estado han permitido por décadas el crecimiento de negocios criminales y que autoridades actúen en franca violación de la ley.

Además, México es un país con un pobre control tanto del territorio, como de sus ciudadanos; la carencia de un documento de identidad nacional anclado a mecanismos que permitan rastrear la residencia de cada uno de nosotros facilita que una persona sea difícilmente identificable, que se pueda desplazar por el territorio y se pierdan sus rastros.

Sin embargo, en los últimos años, coincidentemente con el aumento de la violencia en el país, la desaparición de personas alcanzó condiciones de auténtica crisis humanitaria si pensamos que tan sólo en días recientes, la Comisión Nacional de Búsqueda reconoció que cerca de 40 mil personas se encuentran desaparecidas.

En el Observatorio Nacional Ciudadano ya desde 2015 habíamos dado cuenta de las deficiencias en materia forense a lo largo del país que permitían que personas no identificadas, encontradas sin vida, fueran rápidamente incineradas o enterradas sin registro alguno en fosas comunes.

En ese mismo estudio “Homicidio: una mirada a la violencia en México”, dimos a conocer la falta de sistematización y la alta presencia en el territorio de fosas clandestinas en las que probablemente se encontraban los restos de muchas personas que resultaban desaparecidas.

Tanto en el fascículo “El registro estadístico de la desaparición: ¿delito o circunstancia?” como en “Marco legal, políticas públicas y líneas de acción” de la serie Desapariciones Forzadas e Involuntarias, que publicamos en 2017 y 2018 respectivamente, evidenciamos incumplimientos y violaciones a la ley por parte de autoridades, si bien hace más de un año se aprobó la Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas, Desapariciones Cometidos por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda y desde 2012 la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, pocos han sido los avances.

Pese a las deficiencias también se debe reconocer el esfuerzo de la Comisión Nacional de Búsqueda por generar un registro de desparecidos mucho más confiable que ha permitido darles una identidad a muchas personas encontradas sin vida.

De igual forma es encomiable el esfuerzo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de la República, que el año pasado finalmente presentó la sistematización del número de fosas clandestinas a lo largo del país como insumo para poder darles una identidad a aquellas personas encontradas sin vidas, acceso a la justicia y a la verdad a los deudos que siguen buscando a un ser querido desaparecido.

No existe un delito tan terrible como el de desaparecer a alguien, para quien tiene un familiar que no ha sido encontrado inicia un calvario que no termina, se abre una herida que no cicatriza, y las esperanzas de encontrar más información sobre ese ser querido, terminan siendo una tortura cotidiana.

Por ello es reconocible que el gobierno federal admita que esta es una crisis humanitaria que debe ser atendida con urgencia, parta de un diagnóstico que ayude a entender en qué fase de implementación se encuentra la ley a lo largo del país, decida destinar los recursos necesarios para que se lleve a cabo y establezca mecanismos claros de seguimiento a cada una de las fases del plan.

Sin embargo, se debe cuidar no generar falsas expectativas respecto al alcance del plan o hacer política con el mismo.

Buscar a las personas con o sin vida es una obligación del Estado mexicano. Un plan bien definido evita discrecionalidad u ocurrencias, permite la eficiencia en el uso de los recursos públicos y disminuye el número de personas no identificadas.

No obstante, por sí mismo el Plan no reduce la delincuencia ni la corrupción que permite la participación de autoridades en las desapariciones forzadas, tampoco disminuye la incidencia de los delitos.

Es por ello por lo que este plan debe estar acompañado del uso de inteligencia para reaccionar ante la ocurrencia de eventos delictivos; que se debe fortalecer a las instituciones para que estas sean eficaces e íntegras y así se pueda privilegiar la prevención por encima de la reacción.

Dicho de otra manera, este Plan se debe insertar dentro de una estrategia clara que defina cómo federación, estados, municipios y sociedad vamos a trabajar para construir un México más seguro.

Cuando el presidente López dice que el modelo económico es responsable de las desapariciones en nuestro país, está usando un tema doloroso para hacer política.

No hay evidencia que un modelo económico genere desapariciones u otro las inhiba, la mayor parte de los países tienen un modelo neoliberal y no por ello tiene una crisis de desapariciones.

En contraste, si volteamos a ver a la región, prácticamente todos los países, incluidos aquellos que han pertenecido a la Alianza Bolivariana para América Latina (ALBA), tienen vivo el fenómeno de las desapariciones.

Desde El Observatorio Nacional Ciudadano reconocemos que el Plan de Implementación de la Ley en materia de Desapariciones, significa un avance y estamos en toda la disposición para que sea exitoso.

No obstante, urgimos al gobierno federal a dejar a un lado las posturas políticas cuando se hable de este tema y concentrarnos en encontrar los mecanismos para que cada uno de los integrantes de nuestra sociedad trabaje por un México Seguro.
 

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCol

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