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El gobernador Carlos Mendoza Davis analiza la posibilidad de vetar la iniciativa que modifica la ley de legítima defensa, aprobada por el Congreso de Baja California Sur.
El 21 de junio, 18 de 20 legisladores aprobaron la modificación de los artículos 31 y 87 del Código Penal local y la iniciativa pasó al gobernador del estado, quien deberá de publicar el decreto o ejercer su veto.
La legislación actualmente define la legítima defensa como “cuando se repela una agresión real, actual, o inminente en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad racional y proporcional de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor”.
La iniciativa aprobada por el Congreso local agregó al artículo 31: “El ejercicio de la legítima defensa (...) en ningún caso se podrá actualizar o tipificar como exceso de ésta [la legítima defensa], o en cualquier otro delito o agravante que implique pena privativa de la libertad”.
La propuesta despenaliza el exceso de la legítima defensa que estaba señalado en el artículo 87, fracción sexta.
Al respecto, el gobernador calificó como un tema “delicado” las modificaciones que se hicieron al Código Penal local, por lo que, declaró, se analizará con expertos en la materia para un posible veto.
“Vamos a estudiar con mucho cuidado y escuchar todas las voces de los que saben y de los que se verían afectados con esta iniciativa”, dijo.
Añadió que todos los ciudadanos tienen derecho a defenderse, pero “para tener una grata convivencia, sana y armónica, debemos poner ciertos límites”, acotó.
“He escuchado opiniones de gente muy versada y calificada, el Poder Judicial y la Comisión Estatal de Derechos Humanos sienten que se rayarían los límites de algo que no se va a sostener. Lo vamos a estudiar con mucho cuidado”, subrayó el gobernador.
En opinión de expertos penalistastas y diferentes sectores, la modificación deja la puerta abierta a interpretaciones equivocadas, podría inducir la “venganza privada” y generar mayor violencia en la entidad.
Daniel Gallo, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE), se pronunció en contra, puesto que se quitó una atenuante que beneficiaba a la víctima de algún delito.
Michelle Tuchmann, de la Barra de Abogados en BCS, señaló: “La legítima defensa en principio debe acreditarse y esta reforma otorga más responsabilidad al ciudadano que deberá acreditar que se cumplen los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad, en caso contrario deberá purgar la pena que corresponda, no un tercio de la pena, como estaba previsto antes”.
Señaló la necesidad de que los diputados hubieran informado con oportunidad a la ciudadanía sobre los alcances de estas modificaciones.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) consideró riesgosa la propuesta y se pronunció a favor de que se realice un foro de análisis.
Fabricio González, presidente de la Coparmex estatal, indicó que habrá que ver si la propuesta aprobada no respnde a otros fines en tiempos preelectorales.
Avanzan en estudios de ADN. Erasmo Alamilla Villeda, procurador de Baja California Sur, informó que están por concluir los análisis de ADN a los restos encontrados en las fosas de San José del Cabo.
El 7 de junio, en la carretera San José del Cabo- Cabo Pulmo, se encontraron en fosas clandestinas 18 cuerpos (13 hombres y cinco mujeres) en una extensión de mil metros.
El funcionario señaló que esta semana concluirán los estudios y contrastarán con las muestras que han dejado personas que se han acercado a la dependencia para la posible identificación.
“Este resultado nos permitirá establecer si hay correlación y esta semana se estaría terminando. Informaremos si corresponden a algunas de las denuncias de personas desaparecidas que tenemos”, expresó Alamilla Villeda.
