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La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) pidió al DIF nacional una medida precautoria para garantizar la integridad de los menores que residen en el albergue La Ciudad de los Niños de Salamanca, debido a la violencia física, sicológica y sexual ejercida en su contra, y que fue puesta al descubierto en una resolución judicial.
A la par, agentes investigadores de derechos humanos realizan visitas de inspección a los centros de asistencia que opera la asociación civil, situados en Salamanca y Moroleón, como parte de las investigaciones que se integran en el expediente de queja 191/17-B.
El sábado y el domingo pasados, la comunidad infantil que residía en el albergue de Moroleón fue trasladada al recinto de Salamanca, que desde el miércoles pasado el DIF estatal tiene bajo su responsabilidad.
El DIF se hizo cargo del albergue de Salamanca, fundado por el sacerdote Pedro Gutiérrez, de quien se desconoce su paradero, después de que el 9 de julio pasado el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado emitió la sentencia en el amparo indirecto 475/2016-VIII, que da cuenta de graves violaciones a los derechos humanos de los menores.
En el expediente se establece que los niños presentaban huellas de violencia y era sometidos a castigos extremos, como el aislamiento en un espacio al que llamaban “la cárcel”.
La PDHEG señaló que sus agentes atestiguaron las revisiones médicas que personal de la Secretaría de Salud realizó a los menores y adolescentes en Moroleón y su traslado a Salamanca.
Destacó que investiga y ha desplegado acciones de protección a los menores que residen en los albergues operados por la asociación civil Ciudad de los Niños, por lo que solicitó un informe al DIF estatal y otro a la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores de la procuraduría estatal. La Ciudad de los Niños AC tienen cinco albergues, en Salamanca, otro en Moroleón, Guanajuato, y uno más en Morelia, Michoacán. El viernes previo la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la zona “B” había solicitado a medidas precautorias para garantizar el disfrute de los derechos de los menores.
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