CNDH emite recomendación tras toma de palacio municipal en Campeche

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para autoridades de Campeche, quienes no realizaron las acciones correspondientes ante una manifestación de inconformes que cerraron las instalaciones del Palacio Municipal del municipio de Carmen durante aproximadamente 24 horas e impidieron que trabajadores y usuarios abandonaran el inmueble durante ese lapso.

La recomendación 63/2016 de la CNDH está dirigida al Gobernador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, al Ayuntamiento del Municipio de Carmen y al Congreso de Campeche por los hechos ocurridos el 20 de octubre de 2015, en los cuales se acreditaron violaciones a derechos humanos relacionados con la prestación indebida de la función de seguridad pública, porque las autoridades del Municipio de Carmen no atendieron con diligencia esa situación, ni brindaron la atención al grupo inconforme.

Las investigaciones de la CNDH también acreditaron violaciones al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, por parte de la Fiscalía General de Campeche, al no realizar la investigación de los hechos después de tener conocimiento de los mismos y no realizar los actos propios de la función ministerial.

El Organismo Nacional recomendó que la autoridad ministerial realice las diligencias que en derecho procedan.

A  los integrantes del  Ayuntamiento del Municipio de Carmen y a la Secretaría de la Contraloría recomendó que se colabore ampliamente en la presentación y gestión de los procedimientos administrativos de responsabilidad que la CNDH promueva con motivo de los actos y omisiones en que incurrieron las autoridades municipales de Carmen y la Fiscalía General de Campeche.

La Comisión recomendó a los integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Carmen la elaboración de un protocolo de actuación para los casos de tomas de oficinas o inmuebles públicos de dicho municipio, con riesgo de que se prive de su libertad a las personas y la elaboración de un protocolo de actuación para hacer uso legítimo de la fuerza pública como último recurso, por parte de la policía municipal de Carmen, en el que se tome en cuenta los medios de disuasión y no se ejerza de manera arbitraria.

jlcg