A tres días del paro del transporte público en Chiapas, que demanda incremento del pasaje urbano en el contexto del llamado gasolinazo, el gobierno estatal aseguró que no habrá incremento de las tarifas, como medida “para proteger y beneficiar la economía de las familias”.
Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de Gobierno, aseguró en un comunicado que “el costo del pasaje no incrementará” y para contrarrestar la falta de transporte público se mantiene un plan emergente de apoyo gratuito a la población con vehículos oficiales que recorren diferentes rutas.
El funcionario estatal expuso que el gobierno no ignora que el incremento al precio de los combustibles genera mayores gastos para el transporte público, y que por ello se dialoga con el sector para buscar acuerdos y apoyarlos sin afectar la economía familiar.
Enfatizó sin embargo que no se ha autorizado ningún incremento a las tarifas del transporte público y “lo más importante en este momento es hacer un frente común para que sociedad y gobierno trabajen juntos para proteger la economía de las familias”, argumentó.
La Secretaría Estatal de Transportes advirtió que debido a que los transportistas mantienen su posición de “no prestar” el servicio público que les fue concesionado y que están “obligados” a proporcionar, se iniciaron ya procedimientos administrativos de “revocación de concesiones”.
La dependencia estatal, a cargo de Mario Carlos Culebro Velasco, indicó que de manera unilateral y sin la autorización de la autoridad oficial, un grupo de transportistas empezó a cobrar 7 pesos a partir del nueve de enero, y que por tres días consecutivos no proporcionaron el servicio a que los “obligan “ las concesiones otorgadas.
La falta del transporte de combis colectivas es más evidente en Tuxtla Gutiérrez, donde el gobierno dispuso de vehículos oficiales para trasladar a la población que lo requiera.
Bersaín Miranda Borraz, presidente de la Alianza del Autotransporte Organizado en Chiapas, aseguró que el incremento de 6 a 7 pesos del pasaje urbano en la modalidad de combis fue acordado con el gobierno estatal el año pasado, antes de que se diera a conocer el aumento del precio de los combustibles.
Sostuvo que el acuerdo fue que la nueva tarifa se aplicaría a partir del 19 de diciembre pasado, pero las autoridades les pidieron posponerlo en tres ocasiones; al final se convino en que se aplicara del 9 de enero en adelante.
Así empezó a cobrarse los 7 pesos a partir de esa fecha, porque el gobierno ya lo había hecho público desde diciembre, pero al aplicar el aumento empezaron a detener las unidades, “por lo que los compañeros decidieron guardarlas para que no sean detenidas, y eso ha dejado sin servicio a la población”, afirmó.
Bersaín Miranda acusó que el gobierno pretende confrontar a los transportistas con los usuarios cuando fueron las autoridades las que aprobaron el incremento y “ahora se están echando para atrás dejándonos a nosotros con la bronca”, sostuvo.
El transportista afirmó que en cuatro años no habían “movido la tarifa” y que aun con el incremento aplicado el 9 de enero “estamos por debajo de la media nacional por un peso con 50 centavos”, y con el actual incremento de los combustibles la tarifa debería ser de 9.50 pesos “porque el gasolinazo nos está pegando duro”.
spb
