Integrantes del colectivo Nosotros señalaron que no le creerán sus dichos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", en cuanto a su plan de austeridad para paliar la crisis por el gasolinazo, ya que es un gobernante que se ha caracterizado por decir una cosa y al día siguiente sostener otra.

En un pronunciamiento dado a conocer este miércoles, el grupo expresó que ante las grandes manifestaciones de protesta, Rodríguez Calderón se vio obligado a meter reversa en sus medidas recaudatorias, entre ellas la pretensión de cobrar el 80 por ciento de la tenencia, en lugar del 50 por ciento, que se había aprobado en diciembre de 2015 por acuerdo del Congreso, para entrar en vigor en 2017.

Su programa, agregaron, responde a la inconformidad del pueblo de Nuevo León ante su gobierno y al bajo nivel de popularidad de su persona, pero por tratarse de un gobernante que de un día para otro varía sus posturas, no creerán sus dichos "hasta que sean concretados y ampliados”.

En este sentido, los integrantes de Nosotros dijeron saber que a Rodríguez Calderón “le gustan los golpes mediáticos para aumentar su popularidad política”.

Acusaron, además, que el mandatario es un político que ha prometido muchas cosas que después no ha cumplido; por ejemplo, prometió meter a la cárcel al ex gobernador Rodrigo Medina y éste continúa libre; aseguró que no contrataría más deuda, y solamente para este año, el estado contrató deuda por 4 mil millones de pesos.

En voz del sacerdote José Manuel Guerrero Noyola y las activistas Liliana Flores Benavides y Nora Natalia Guajardo, el colectivo expuso que "El Bronco" prometió que otorgaría transporte gratuito a los estudiantes, pero es una medida limitada a un reducido grupo de jóvenes; ofreció cerrar o reubicar las pedreras para terminar con la contaminación, y dichas plantas siguen operando.

Y mientras, en Nuevo León se sigue cobrando la tenencia, otros gobernadores como los de Durango, Chiapas y Coahuila, sí eliminaron ese pago.

En su mensaje, señalaron los activistas de Nosotros, Jaime Rodríguez no habló de terminar con los privilegios de la clase política, como son las comidas en restaurantes, celulares, escoltas a familias de segundo grado, y el uso de vehículos oficiales para asuntos privados o familiares.

Demandaron que no se paguen viajes de familiares en asuntos oficiales y que a ningún funcionario se le cubran seguros de gastos médicos mayores, pues todos deben atenderse en hospitales públicos o paguen ellos el servicio si lo reciben en otra parte.

Sobre la afirmación del gobernador de que dio instrucciones para redoblar la lucha contra la corrupción y anunció la creación de una mesa para llevar ese tipo de casos, Flores Benavides recordó que el “cobijagate” (adquisición de cobijas al triple de su valor por parte de su amigo, Rogelio Benavides Pintos), quedó impune, y el ex subsecretario de Administración fue contratado como asesor de Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas.

Mencionó que además dijo que iba a meter 106 denuncias que iban a cimbrar al país, y estarían dirigidas contra empresarios, dos legisladores federales activos, y dos alcaldes en funciones, pero ¿dónde están los juicios de desafuero?, y además denunció que había cientos de aviadores, pero nunca presentó la lista.

Preguntó si con la denuncia contra Rodrigo Medina por el caso Kía, no ha podido ni quitarle un chicle al ex gobernador por medio de una onerosa subprocuraduría Anticorrupción, "¿cómo pretende hacerlo con la creación de una mesa jurídica que implica más burocracia?".

El simple anuncio de esta nueva instancia, consideró Flores Benavides, constituye la declaratoria del fracaso del fiscal Anticorrupción, Ernesto Canales.

Nosotros demandó al gobernador Jaime Rodríguez, enviar al Congreso una nueva iniciativa de reforma que revoque las acciones de terrorismo fiscal, que promovió y le aprobaron los legisladores, mediante las cuales los contribuyentes pueden sufrir embargos de bienes, cuentas de banco, joyas e incluso pueden ser requeridos en su trabajo.

Ante el hecho de que este día la fracción del PAN, presentó una iniciativa para revocar las reformas y leyes que aprobaron en diciembre, ante el malestar ciudadano, advirtieron los activistas al Bronco y los diputados, que la gente de Nuevo León no acepta simulaciones, y estarán vigilantes que se cumpla lo que están ofreciendo.

Asimismo, llamaron a la ciudadanía a mantenerse en resistencia civil pacífica, pues “no creemos en el gobernador ni en los diputados locales, porque son políticos que tienen ambición de contender en 2018, y las acciones de hoy son medidas de control de daños para evitar un mayor costo político”.

afcl

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