El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, envió una iniciativa al Congreso del Estado para refinanciar o reestructurar la deuda pública de la entidad (de largo plazo) que asciende a 19 mil 141 millones de pesos, con lo que busca disminuir la tasa de interés del 10 por ciento y lograr un importante ahorro.

Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, dio a conocer que una vez que se ha dado a conocer el ingreso de esta iniciativa de decreto, al finalizar la sesión de este martes por la noche, el secretario de Finanzas, Juan Vergara, comparecerá para explicar a los diputados los alcances de este refinanciamiento.

Afirmó que no habrá un nuevo contrato de deuda, solo mejoraran las condiciones crediticias y bajar las tasas de intereses para que el gobierno del Estado no este pagando tanto en contratos o intereses leoninos que dañan la economía de la entidad.

En entrevista, dijo que es necesaria la reestructuración, es una buena decisión que el Estado pretenda enfrentarla así, buscando mejores condiciones en el mercado y bajando los intereses en lugar de pedir prestado.

“El compromiso es no aprobar nuevos endeudamientos para el Estado, el gobierno tiene que implementar un plan de austeridad fuerte y que eficiente el gasto público y hacer lo que la ley le obligue que es tener a mejores tasas de intereses su deuda pública”, explicó.

Una vez que fue aprobado en días pasados el paquete de disciplina financiera, el gobierno del Estado tiene que buscar una menor tasa de interés –la actual es del 10 por ciento- y en lugar de tener contrataciones de deuda con seis instituciones financieras que sea una sola.

En la sesión de pleno, se leyó la “Iniciativa decreto por el que se autoriza al Estado de Quintana Roo a refinanciar o reestructurar la deuda pública y a celebrar las operaciones y actos jurídicos relacionados y, en consecuencia, por el cual se modifican diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2016, y del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, presentada por Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador de Quintana Roo”.

En este documento, establece que se estaría refinanciando la deuda pública que asciende a 19 mil 141 millones 825 mil pesos, y hasta 478 millones 545 mil 627 mil pesos por los diversos conceptos que impliquen este trámite. Según datos de la Secretaría de Finanzas este año la deuda y su servicio es de 21 mil 057 millones de pesos.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta para su análisis.

En esta misma sesión, ingresaron las tres ternas que envió el Gobernador de Quintana Roo para que el Congreso del Estado elija a los próximos tres Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, seis aspirantes cuentan con carrera judicial y los otros tres restantes, son personas del medio jurídico.

En la sesión de pleno de la noche de este martes, se leyeron los nombres de los 9 aspirantes que conforman las tres ternas que presentó el Jefe del Ejecutivo Estatal el fin de semana pasado, para que el poder judicial aumente de 9 a 12 magistrados.

La primera terna está integrada por Luis Gabino Medina Burgos, Lucía del Pilar Aldana Lizama y Ana Bell Pérez Avendaño. La segunda terna: Dulce María Balam Tuz, Roberto Ariel Chan Balam y María del Pilar Gio Escalante y la tercera terna: Josefina Concepción Ríos Rio, Cuauhtémoc Bustamante Salgado y Verónica Gloria Acacio Trujillo.

Las dos primeras ternas privilegian la trayectoria en la administración de justicia, es decir, cuentan con carrera judicial y actualmente laboran al interior del Tribunal Superior de Justicia.

Mientras que la tercera terna está integrada por personal del medio jurídico.

De los 9 nombres propuestos, destaca Dulce María Balam Tuz, quien a lo largo de su vida laboral ha estado en la Procuraduría de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General, con carrera en la Judicatura, desde secretario de juzgado, juez en materia familiar y civil.

Estas ternas fueron turnadas a la Comisión de Justicia, la cual cuenta con 15 días para revisar la documentación, realizar las entrevistas a los 9 participantes y emitir el dictamen que finalmente será sometido a votación ante el pleno del Congreso local.

afcl

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