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Ediles de Mártir de Cuilapan junto a pobladores que mantienen un movimiento contra la alcaldesa Felícitas Muñiz desde hace seis meses, iniciaron una huelga de hambre frente a las instalaciones de la Auditoría General del Estado (AGE) para exigir documentos certificados que demostrarían la corrupción de la que acusan a su munícipe.
El síndico Benito Sánchez Ayala y la regidora del PRI, Edelmira del Moral, encabezan la protesta donde habitantes portan cartulinas que se leen: “Exigimos intervención presidente Enrique Peña”, “Exigimos la información certificada que exigimos desde el 2 de agosto”, entre otras.
Advirtieron que no se moverán del edificio del órgano fiscalizador hasta que les entreguen los documentos con los que promoverán una demanda penal por corrupción en contra de Felícitas Muñiz, quien por segunda vez es presidenta municipal, luego de que el Congreso rechazó su petición de revocarle el mandato.
Benito Sánchez explicó que desde el 2 de agosto solicitaron a la AGE facturas, documentos certificados en donde se evidencia que no hay obra pública o que lo que comprobó no existe, como un pozo profundo con una inversión, según dijo, de un millón 400 mil pesos o una línea la obra de drenaje que está inconclusa por 2 millones y medio de pesos, sin que tengan respuesta.
Desde que tomaron el ayuntamiento en mayo, el grupo de ediles, militantes del PRI; incluso el ex alcalde Crisóforo Nava, quien fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) y luego absuelto, aseguran que Felícitas, de Movimiento Ciudadano, no comprobó en su anterior periodo (2009- 2011) más de 20 millones de pesos y en lo que va de su gobierno al menos 4 millones de pesos.
Sánchez aseguró que de los 32 millones de pesos en obras públicas que tuvo que ejercer este año, sólo ha ocupado 20, y temen a que el demás dinero lo compruebe con obras que no hará. Lamentó que el Congreso haya desechado el juicio de revocación de mandato que promovieron contra la edilesa en junio y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acreditara violencia política de género contra ella, dejando sus peticiones fuera.
Frente a la AGE, señoras tejían trenzas de palma y portaban cartulinas con mensajes como: “La dignidad de un municipio en extrema pobreza, pisoteada por diputados corruptos como Héctor Vicario, Iván Pachuca”, en referencia al desecho de su petición la semana pasada.
Durante estos seis meses han ocurrido varios acontecimientos. La FGE mantiene averiguaciones previas por hechos realizados por miembros de este movimiento, como la quema de vehículos oficiales y la irrupción a propiedades de Felícitas y sus allegados.
La regidora priista Edelmira del Moral consideró que es un atropello que los diputados estén obviando los faltantes de la cuenta pública y quitándole el “derecho legítimo a la ciudadanía de quitar a sus representantes cuando están inconformes. Mártir de Cuilapan es un municipio que vive en extrema pobreza y donde fue piloteada la Cruzada Contra el hambre”.
Felícitas ante la oleada en su contra promovió un juicio ante el TEPJF, sentencia que le favoreció y obliga a sus detractores a frenar su movimiento.
Según estos, acatarán la sentencia, hasta que la FGE o el Congreso les notifique que se tienen que ir de la plaza pública de Apango, mientras seguirán pese a la resolución.
afcl
