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Por defender sus tierras, cuatro campesinos de Chicapa de Castro fueron demandados por cortar leña, pastorear vacas o sembrar algunos surcos de maíz.

El trámite que presentó el entonces presidente de los comuneros de San Dionisio del Mar, Inocencio Castellanos Aldama, el 28 de noviembre de 2013, contra los campesinos Fernando López, César Manuel Pineda, Ernesto Orozco y Celestino Escobedo, por la disputa de mil 711 hectáreas de tierras, rompió la vecindad con el poblado de Chicapa de Castro

Desde entonces, los campesinos de esa comunidad del municipio juchiteco, buscaron la forma de ganar en el Tribunal Unitario Agrario (TUA).

“Los magistrados nos ignoraban porque no teníamos un órgano legal que nos representara”, acusó el campesino, Fernando López.

Un día, dijo, alguien les propuso la defensa de sus tierras bajo la figura de “Subcomunidad Indígena Zapoteca” que se formó el 31 de mayo de 2014 con 72 campesinos que aún sobreviven de los 391 comuneros inscritos en la carpeta básica de 1964.

Desde 2007, ambas comunidades del sur de Oaxaca han presentado su respectivo plano en el TUA de Tuxtepec y se han proclamado dueñas de las mil 711 hectáreas. Ahora esperan la audiencia ante el tribunal el próximo 6 de diciembre. Mientras tanto, el clima de tensión, incertidumbre y temor agobia la vida de sus habitantes.

Serie de disputas. El conflicto agrario que libran el pueblo zapoteco de Chicapa de Castro y la comunidad ikoot de San Dionisio del Mar desde 1970 forma parte del catálogo de los 364 problemas

agrarios que han enlutado cientos de hogares oaxaqueños.

De los 364 conflictos agrarios, explicó el presidente de la Junta de Conciliación Agraria de Oaxaca (JCAO), Mauricio Gijón Cernas, 32 son considerados de alto riesgo, 104 de mediano y 228 de bajo riesgo. De los 32 llamados “focos rojos”, 15 tienen una atención “prioritaria” y de ellos seis tienen “una atención permanente por posibles enfrentamientos”.

Entre los problemas agrarios de alto riesgo, la JCAO tiene los que enfrentan las comunidades zoques de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa que denuncian invasiones y tala ilegal de los recursos madereros por parte de sus vecinos de Chiapas y Veracruz. Los conflictos datan desde 1967.

Es considerada de alto riesgo la disputa por mil 361 hectáreas que protagonizan los pueblos ikoots de San Mateo del Mar y Santa María del Mar. El 10 de marzo de 2015, los magistrados del TUA de Tuxtepec resolvieron en favor de esta última comunidad que pertenece al municipio juchiteco y condenó a San Mateo del Mar a que se retire de la superficie ocupada.

Como consecuencia de ese añejo problema agrario, desde el 18 de octubre de 2009, los matellanos le cerraron el único acceso terrestre a los pobladores de Santa María del Mar (el martes cumplirán siete años), quienes ahora se ven obligados a salir y entrar a la zona por lanchas desde el embarcadero de San Dionisio del Mar.

En la zona oriente del istmo hay otro foco rojo por la pelea que sostienen desde 1972 los pobladores de San Francisco del Mar con los zapotecas de San Francisco Ixhuatán, quienes tienen en su posesión 20 mil hectáreas del pueblo ikoot, según el jefe de residencia de la Procuraduría Agraria de Tehuantepec, Luis Alberto Jiménez Paredes.

Los conflictos agrarios y sus secuelas de enfrentamientos, dijo Gijón Cernas, colocan a los pueblos en el terreno de la zozobra y obstaculizan la lucha contra la marginación, “porque al final en Oaxaca la pelea es entre campesinos pobres que muchas veces contraponen sus títulos primordiales frente a las resoluciones presidenciales”.

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