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Organizaciones civiles que promovieron la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVGM) para municipios de Quintana Roo, condicionaron su respaldo a la prórroga que el gobierno estatal solicitó en días pasados a la Conavim y evitar que se decrete el mecanismo, a que existan garantías reales de aplicar acciones contundentes, medibles, con plazos y metas, para disminuir “significativamente” la violencia feminicida, a fin de evitar que el tema quede sólo en el discurso.
En mayo pasado, la administración del entonces gobernador Roberto Borge aceptó el Informe rendido por el Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y se comprometió a dar cumplimiento a 11 recomendaciones y 44 indicadores, en un plazo de seis meses, que vencerá el 13 de noviembre.
El gobierno de Borge Angulo concluyó el 25 de septiembre pasado, apenas con un siete por ciento de avance en el acatamiento de las observaciones hechas, de acuerdo con la subsecretaria de Vinculación Social y Política, Paola Moreno, por lo que prácticamente es imposible cumplir al 100 por ciento con las recomendaciones y se ha solicitado una prórroga.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Celina Izquierdo, del colectivo “Ni una Menos”, declaró que la figura de la “prórroga”, no está contemplada como tal en la legislación, pero al haber sido concedida previamente a dos entidades, probablemente se otorgue aquí.
En ese entendido, indicó que con Alerta de Género o sin ella, la exigencia de la sociedad civil organizada es que se asumen compromisos efectivos, que se definan proyectos, programas y acciones contundentes, medibles, con plazos de ejecución para disminuir significativamente la violencia en contra de las mujeres.
También señaló que de concederse la prórroga, será por otros seis meses, lapso en que la nueva administración –encabezada por Carlos Joaquín- está obligada a cumplir al 100 por ciento con las 11 recomendaciones hechas.
Subrayó que las organizaciones civiles y colectivos que conforman el Grupo Local de Trabajo para dar seguimiento a la solicitud de Alerta, participarán activamente, vigilando y supervisando el proceder de la autoridad estatal, del legislativo y de los municipios, en donde recae la responsabilidad de acatar las recomendaciones.
Por separado, la presidenta del Consejo Estatal de Mujeres, Eva Aguilar de López, manifestó que los únicos avances reales del gobierno anterior, se resumen en la elaboración de cuatro protocolos: El correspondiente a la investigación de Feminicidios, el de Violencia Sexual, el de Personas desaparecidas (conocido como ALBA) y el de Órdenes de Protección.
“Es lo único con que cuentan el gobierno para entregar; las otras observaciones no hay nada en concreto y yo no veo nada que me pueda a mí demostrar que hay un avance considerable.
“La postura de nosotras como promoventes de la solicitud de la Alerta de Género es que si vemos un avance de un 70 por ciento de las observaciones, estaríamos respaldando una prórroga, pero bajo medidas muy claras, muy bien definidas que a nosotras nos garantice que en otros seis meses se van a cumplir”, expresó.
Al señalarle que será imposible cubrir ese nivel de cumplimiento, matizó y mencionó que el gobierno debe presentar proyectos concretos para la construcción de un albergue de víctimas de violencia feminicida y del Centro de Justicia para la Mujer, en Cancún –como lo establecen las recomendaciones- las siete modificaciones legislativas marcadas, los protocolos, la dotación presupuestal por parte del Congreso del estado, entre otros.
La activista coincidió con Celina Izquierdo en que por un principio de Justicia y Verdad, el gobierno del estado debe dar a conocer cuántas y cuales de las 97 mujeres asesinadas, entre 2010 y el 30 de abril de 2016, en Quintana Roo, fueron feminicidios.
“Sólo así podríamos dar nuestro voto de confianza. Si no hay primera línea, revisión de los 98 (sic) casos de mujeres asesinadas, pues sinceramente nosotras no podemos volver a darle la espalda a las víctimas con una prórroga más que va a afectar los derechos humanos de las víctimas”, insistió, para agregar que tampoco avalan que el nuevo plazo sea de seis meses.
“Eso quieren ellos, seis meses más para hacerse tontos como hizo el gobierno pasado y a última hora dar patadas de ahogado. Si vemos que hay un 70 por ciento de propuesta concreta de cumplimiento, estaríamos a favor de una prórroga, pero no más de 90 días”, advirtió.
Aguilar de López también mencionó que la figura de la “prórroga” no existe, pero podría ser concedida por las particularidades de la situación, lo cual debe ser evaluado por el Grupo de Trabajo coordinador por la Conavim, que elaboró el Informe y determinó que existían elementos suficientes para decretar la AVG.
Como parte del procedimiento, se fijó el plazo para cumplir las recomendaciones que, de no acatarse, darían pie a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género.
afcl
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